¿Una reforma al deporte sin discusión?

El objetivo debe ser que los deportistas tengan la mayor protección y participación posible en todos los ámbitos de la formulación de las políticas que los afecten.

Gracias a la presión y atención recibidas a último momento, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aplazó el debate de un proyecto de ley que pretende modificar varias reglas importantes del funcionamiento del deporte en el país. Forzados los ponentes a convocar audiencias de socialización con todas las partes interesadas en el asunto, queda una pregunta: ¿por qué se quería aprobar a pupitrazo y sin mayor discusión un tema tan delicado?

La polémica se encendió por el Proyecto de Ley 264 de 2017, que “reforma la legislación en materia de deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre”. La iniciativa, que fue radicada el 2 de mayo por el representante Álvaro López Gil y el senador Mauricio Delgado Martínez, contiene 283 artículos que modifican y derogan cerca de 14 decretos y seis leyes. Es decir, no es cualquier cosa, más aún cuando se observan en detalle sus disposiciones.

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO), uno de tantos interesados que no fueron consultados en el asunto, envió varios comentarios urgentes al proyecto. Entre las modificaciones denunciadas más importantes está la de permitirles a todos los clubes deportivos profesionales que sean Sociedades Anónimas o Sociedades por Acciones Simplificadas Deportivas (SASD), pero quitando para estas últimas las obligaciones de liquidez para pagar salarios, capital mínimo, patrimonio para respaldar deudas o préstamos y fiscalización a través de Coldeportes. Eso es gravísimo porque ya en el pasado hubo casos en que los futbolistas no tenían seguridad financiera y los clubes nunca les cumplían debido a las regulaciones tan laxas.

El uso de las SASD, además, permitiría que los clubes volvieran a ser propiedad de una persona. Esto genera dos preocupaciones: primero, se atenta contra la posibilidad de participación y democratización de los clubes profesionales tal y como lo ordena la Constitución. Segundo, se está regresando al perverso ambiente que fomenta la creación de empresas de papel, sin fiscalización ni control. Como si lo anterior fuese poco, el proyecto le quita dientes a Coldeportes, que pierde parte de sus funciones de inspección, vigilancia y control, y permite que cada federación regule su deporte como le parezca.

Lo más preocupante de todo es que la reforma busca limitar la participación de los deportistas en las asambleas de sus respectivas federaciones a sólo una persona. ¿Cuál es la motivación detrás de esta limitación?

Fueron los deportistas, técnicos y demás protagonistas de la actividad física quienes protestaron, con justicia, por el hecho de que se buscara aprobar esta reforma sin una socialización previa. Queda la amarga pregunta: ¿cuál era el afán? ¿Hay, acaso, intereses que se busca favorecer con la aprobación silenciosa de una reforma de esta magnitud? ¿No consideraron los parlamentarios conveniente que se involucrara a los principales afectados por la reforma?

Ahora que se realizarán audiencias públicas, los parlamentarios deben verlas como una oportunidad verdadera, no como un requisito formal. El objetivo debe ser que los deportistas colombianos tengan la mayor protección y participación posible en todos los ámbitos de la formulación de las políticas que los afecten, y que todos los órganos de decisión sean democráticos y diversos, no monopolizados por unos cuantos. Para beneficiar al país entero, siempre es mejor que haya más voces debatiendo, no pasar reformas de afán y sin dar mayores explicaciones.

 

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a [email protected].

Temas relacionados