Una reforma impopular pero razonable

Demandamos del Gobierno y del Congreso una máxima responsabilidad para que esta vez no se repita lo de siempre: que se sabe el proyecto tributario que entra al Congreso, pero en el camino se llena de intervenciones con dueño interesado que preservan todas las incoherencias de nuestro régimen tributario.

Lo atractivo de este proyecto es que mira más allá y ataca problemas centrales que, como la evasión y la elusión, hacen tremendamente injusta la tributación en Colombia. Archivo - El Espectador

A nadie le gusta pagar impuestos y menos a un Estado que, como el nuestro, no los traduce en beneficios tangibles para sus ciudadanos. De ahí que a nadie tampoco pueda sorprender el mal ambiente con que ha sido recibida la propuesta de reforma tributaria finalmente presentada por el Gobierno al Congreso la semana que termina. Nadie, frente a la inminencia de tener que tributar más, se asoma a pensar en las consecuencias que tendría para sus propias finanzas que no se tramitara y la economía colombiana se desplomara. Con todas las críticas puntuales que pueda tener, la concepción general y los puntos que busca atacar esta reforma demuestran un trabajo juicioso que no dudamos en apoyar, por impopular que resulte hacerlo.

La necesidad de la reforma está plenamente justificada en la caída de los ingresos que proveía el petróleo, debido a la crisis internacional de sus precios. Si en 2013 estas rentas correspondían al 3,3 % del PIB ($23,6 billones), este año ese aporte llegó a cero. La sola necesidad de recursos para cubrir el hueco, sumada a la amenaza latente de que si no se hace nada el país perdería el grado de inversión, con efectos devastadores sobre la inversión y el costo de la deuda, son razones más que suficientes para imponer mayores cargas.

Todo hubiera podido quedar ahí: una justificación clara, unas medidas para conseguir más recursos, y ya. Lo atractivo de este proyecto es que mira más allá y ataca problemas centrales que, como la evasión y la elusión, hacen tremendamente injusta la tributación en Colombia. La cárcel para los evasores profesionales —de eso se cuida el proyecto, de ir por los “máximos responsables”—, las restricciones a las entidades sin ánimo de lucro —sin desconocer su aporte social— y las restricciones a los negocios (negociados, mejor) con empresas extranjeras golpean el corazón de la filigrana evasora a la que acceden los más pudientes.

Quizá la más discutible de las medidas —pero también la que más recursos provee— sea el aumento del IVA del 16 % al 19 %, que golpea a toda la población y por lo mismo resulta regresivo. No concebimos, empero, que se pueda ver esta carga por fuera del contexto general, en particular de las modificaciones en renta que alivian la tributación de las empresas y la recargan en las personas naturales. Si resulta claro que las rentas petroleras no volverán, el incentivo a la generación empresarial e industrial es un paso necesario hacia la sustitución. Su fortalecimiento es, además, el eje para la creación de empleo formal. Si siguiéramos con la lógica de la última reforma, que impuso una carga excesiva a las empresas, nos quedaríamos sin el pan y sin el queso: sin un motor sustituto para la economía y con un costo mucho mayor para el contribuyente que el que implica este aumento del IVA.

Hay, por supuesto, temas puntuales que se pueden y deben debatir, muchos de los cuales se han escuchado en las primeras reacciones de los afectados: si el monotributo es la mejor manera de formalizar a pequeños comerciantes, si el impuesto a las bebidas azucaradas debería ampliarse a otros alimentos que afecten la salud o si resulta extremadamente regresivo, si el programa de vivienda de interés social se pondría en riesgo o si, para hablar en primera persona, se justifica imponerles IVA a los periódicos impresos que hace rato perdieron su rentabilidad por circulación y hoy batallan por su supervivencia, por mencionar algunos ejemplos, serán temas que el Congreso deberá estudiar y conciliar con sumo cuidado. Sin perder nunca de vista, eso sí, la integralidad de la reforma, pues sería un exabrupto que, por modificar unos puntos, se destrozara el cuidadoso balance que se ha logrado, que es su mayor activo.

Demandamos entonces del Gobierno y del Congreso una máxima responsabilidad para que esta vez no se repita lo de siempre: que se sabe el proyecto tributario que entra al Congreso, pero en el camino se llena de intervenciones con dueño interesado que preservan todas las incoherencias de nuestro régimen tributario. Este es un buen proyecto que merece ser trabajado sin favores políticos ni intereses particulares.

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