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Se veía venir. Tal vez lo peor que le pudo pasar a la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc es que los debates sobre las reformas se dieran en vísperas de un año electoral polarizado. Con el periodo de fast track agotándose, un Congreso cada vez más convenientemente hostil a las iniciativas de la administración de Juan Manuel Santos, y con discusiones sobre temas muy complejos dadas a los gritos, cabe preguntarse si la reforma política, prometida en La Habana, podrá sobrevivir. También queda el amargo sabor de una propuesta no tan ambiciosa y diluida por los intereses partidistas.
Desde hace meses la reforma política se ha venido quedando sin dientes. El primer error fue del Gobierno, al promover un cambio estructural de las reglas del juego que, para muchos, incluidas estas páginas editoriales, era excederse en lo pactado en La Habana. La publicación de propuestas por el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, parecían más espectáculos mediáticos que reformas calibradas y útiles. Esto le dio la oportunidad retórica a los partidos de oposición, y a varios miembros de la coalición del Gobierno, de denunciar la propuesta y empezar a entorpecerla.
Después, vino la verdadera propuesta de reforma, después de haber sido conciliada y negociada tras bambalinas con todos los partidos. Aquí la decepción fue ver cómo muchas de las recomendacioones de la comisión de expertos en transparencia y reglas electorales fueron desechadas. El mensaje, en síntesis, era claro: el ambiente político no está para modificaciones efectivas. En otras palabras, a los parlamentarios no les interesa cambiar el statu quo que los ha llevado al poder, y los puede mantener.
Sin embargo, y aunque el Congreso ha pretendido minimizar el impacto de la reforma política (como lo ha denunciado la Misión de Observación Electoral), la verdad es que por lo menos cambiar algunas reglas de juego sí es iniciar un camino hacia tener mejor representación de los colombianos y una cultura política más limpia. Por eso, la reforma política sigue siendo una de las deudas más importantes por saldar en el país.
Lo que pasó esta semana, entonces, es lamentable. Por los incumplimientos de congresistas y dilaciones sin mayor justificación, el debate está en tiempo extra y tiene nuevos obstáculos. En Caracol Radio, Rodrigo Lara, presidente de la Cámara de Representantes, dijo que “en las democracias serias no modifican reglas electorales un año antes del proceso electoral como lo está haciendo aquí el señor ministro (del Interior, Guillermo Rivera)”. Aunque llega tarde su comentario, no está desprovisto de razón: es muy preocupante que estemos, tan cerca de la contienda parlamentaria y presidencial del 2018, discutiendo cuáles van a ser las reglas de juego.
En medio del caos, el Gobierno ha logrado conseguir los votos para aprobar varios artículos, pero hay modificaciones importantes que se han quedado en el camino. Por ejemplo, una propuesta para pedir listas intercaladas por género (garantizando así mayor inclusión de las mujeres en las posiciones de poder), que debería implementarse de manera progresiva, no consiguió suficiente apoyo. Es una lástima: esa es precisamente la clase de reformas que pueden cambiar el panorama de la política nacional.
También el Tribunal de Aforados, tan prometido en medio de escándalos como el Cartel de la Toga. Con las excusas coyunturales se están perdiendo posibilidades de empezar a recobrar la confianza de los colombianos en los procesos electorales.
Pese a lo anterior, la reforma política debería aprobarse. Permitir la coalición entre partidos es una propuesta interesante siempre y cuando también se apruebe una manera de verificar que haya vigilancia a esas uniones. La reglamentación del voto electrónico, así como el requisito de votar para acceder a puestos del Estado, son dos medidas que pueden ser muy útiles. La semana entrante seguirá la discusión en el Congreso, pero es una lástima que se esté desperdiciando esta oportunidad.
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