En Colombia existen grandes debilidades en estos aspectos, lo cual hace muy fácil decir que la fortaleza institucional no existe a cabalidad. Para el caso, es posible citar algunos ejemplos que sucedieron este año con cada una de las ramas del poder público.
En febrero el Consejo de Estado anuló la elección de Vivian Morales como fiscal general de la Nación por considerar que hubo errores procedimentales en su nombramiento. Esto solo pudo ocurrir porque la Corte Suprema de Justicia incumplió los requisitos procedimentales para su elección o porque el Consejo de Estado, en contravía de la Constitución y la ley, anuló un acto administrativo que cumplía con todos los requisitos de validez. Lo más lógico es pensar que al menos una alta corte incumplió las normas jurídicas y, con ello, generó falta de estabilidad dentro de la Fiscalía General de la Nación. Esto muestra la debilidad institucional existente dentro de la Rama Judicial.
Este año el Gobierno presentó un acto legislativo que pretendía modificar los artículos de la Constitución Nacional relacionados con la administración de justicia. El 20 de junio el Congreso lo aprobó sin ambages. Sin embargo, las críticas elevadas desde una ciudadanía despierta no se hicieron esperar: los “micos” introducidos, que favorecían a congresistas y jueces por igual, en un espectáculo bochornoso, hicieron que el proyecto se hundiera sin ninguna clase de futuro. Lo anterior trajo dos consecuencias: por un lado, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, se sintió obligado a renunciar, a pesar de la actitud descarada del Gobierno de tratar de tapar su falta con discursos grandilocuentes y, por el otro lado, la ciudadanía inició un proceso para un referendo que revocara al Congreso. Cero y van dos muestras fehacientes de que la fortaleza institucional es precaria: los protagonistas, el Congreso y el Gobierno.
El 27 de noviembre de este año la plenaria del Senado reeligió al controversial Alejandro Ordóñez Maldonado como procurador general de la Nación, en medio de una gran polémica ocasionada por la renuncia de una de los integrantes de la terna, la recusación de 28 senadores y los impedimentos de otros 40. Además, el procurador, quien siempre ha manifestado que su ideología política se enmarca dentro del conservadurismo, fue apoyado por el Partido Liberal. Con esta situación algunos ciudadanos consideraron que sus partidos votaron en contra de la ideología que representan y también que es necesario iniciar un proceso para anular la elección de Ordóñez. Esta situación deja ver una debilidad institucional en los partidos políticos, el Senado y la Procuraduría.
Estos hechos, que son meramente ilustrativos, dejan ver que existen problemas estructurales en algunos procedimientos que generan debilidad institucional. Es necesario hacer una revisión integral de los mecanismos mediante los cuales se toman algunas decisiones en las ramas del poder público para corregir esta indeseable situación. Que el año nos sirva de ejemplo y que no olvidemos lo sucedido.
Proponemos hacer una revisión estructural de los procedimientos existentes para elegir al procurador y al fiscal. También es necesario hacer una revisión de los reglamentos que tiene el Congreso para tomar sus decisiones.
Sin embargo, la revisión más importante la tienen que hacer todos los que participan en los procesos de elección de los servidores públicos y que hacen control político y disciplinario sobre ellos. Todos los que participamos en los mecanismos de elección de los funcionarios del Estado debemos hacerlo conscientemente para evitar nulidades en las elecciones o procesos revocatorios que lo único que consiguen es debilitar las instituciones.