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La decisión de la Fiscalía General de la Nación, en el caso del expresidente Álvaro Uribe, es desconcertante. Si bien no se conocen los argumentos que habrá de presentar el fiscal Gabriel Jaimes cuando tenga que sustentar su solicitud de preclusión ante un juez de la República, el solo anuncio de que esa fue la medida adoptada deja abiertas muchas preguntas. Para comenzar, ¿cómo pasamos en unos pocos meses de un proceso con un largo expediente en la Corte Suprema de Justicia y con orden de medida preventiva a una solicitud de cerrar la investigación por ausencia de pruebas? ¿Cómo se explica esa desconexión entre el tribunal de más alto rango en el país y el ente investigador? ¿Cómo se sustenta la contradicción de una Fiscalía que está acusando al abogado del expresidente, Diego Cadena, de influenciar testigos en beneficio de su cliente, mientras que en el caso Uribe no hay razones para continuar?
No ayuda en toda esta situación que la Fiscalía, dirigida por Francisco Barbosa, haya demostrado sin pudor su cercanía al presidente Iván Duque y al partido que lidera el expresidente Uribe. Las víctimas siguen siendo la legitimidad de las instituciones y la búsqueda de la verdad.
Hemos defendido siempre la presunción de inocencia de Álvaro Uribe y de todas las personas investigadas por la justicia. También acompañamos y seguiremos acompañando y exigiendo respeto a la institucionalidad en sus decisiones. Sin importar las maromas judiciales que adoptó la defensa del exmandatario, como renunciar al Congreso, reconocemos que le correspondía entonces a la Fiscalía tomar una decisión y esas son las normas procesales. Por eso, defendemos que se cumplió el debido proceso y no nos uniremos al coro de voces que pretenden envenenar el pozo del debate público para atacar a los operadores judiciales.
Con esa precisión, también reconocemos que existe el derecho a cuestionar las decisiones y a exigir absoluta claridad. En este caso, encontramos un abismo irreconciliable entre lo que había adelantado la Corte Suprema de Justicia, que llevó a una medida de aseguramiento contra Uribe —tomada por unanimidad, por cierto, y no por el capricho de un par de magistrados “resentidos” como dijo una senadora—, y el criterio ahora aplicado por el fiscal Jaimes. Tampoco tiene sentido que avance el proceso contra el abogado Cadena y se considere que es una situación aislada e inconexa de las sospechas que operan contra el expresidente.
Es una lástima que un proceso tan importante para el país no haya tenido claridad en ningún momento. Entre los ataques a la justicia, las denuncias de conspiración y el actuar del ente investigador, son muchos los colombianos, de lado y lado en el debate, que desconfían de la institucionalidad. Mientras tanto, nos quedamos con el deseo de entender la razón de ser de cada una de las decisiones que se tomaron.
El proceso todavía tiene etapas por surtir. Un juez tendrá que evaluar la solicitud de preclusión e incluso si la acepta habrá recursos. Escucharemos con atención la sustentación de la Fiscalía de una decisión tan desconcertante, e incluso si no resultaran convincentes sus argumentos, nos negaremos a plantear o a creer que se deba patear la mesa. Lo cual no quiere decir que no consideremos lamentable para el país que todas las dudas surgidas en este proceso probablemente nunca vayan a quedar resueltas.
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