Unas cuantas lecciones

La semana que pasó se cerró uno de los eventos más penosos de los últimos años: el hundimiento final de la reforma a la justicia, ese aberrante mecanismo jurídico que pretendía modificar la Constitución Política para, entre otras cosas, blindar a los congresistas por medio de la inmunidad y aumentar los períodos de los magistrados mientras permanecían en el cargo. Todo con el acompañamiento del Gobierno, que fue el proponente.

Tanto esfuerzo y no se pudo. Menos mal. La indignación ciudadana le ganó el pulso a la maquinaria entera del poder público. Con todo y que la jugada astuta del tardíamente arrepentido Juan Manuel Santos sentó el precedente de que un presidente de la República, de ahora en adelante, podrá objetar proyectos de acto legislativo, a pesar de que una extensa jurisprudencia de la Corte Constitucional dice lo contrario.

Sí, el Gobierno encontró normas que, con mucha creatividad, permitieron detener el exabrupto. ¿Legítimo? Pues por ahora –en la práctica– parece que sí. Falta esperar las demandas que con seguridad se vendrán en contra del hundimiento. O la propuesta de referendo que queda en veremos ahora que la reforma no está vigente. O la misma Asamblea Nacional Constituyente propuesta por algunos, que alienta a algunos sectores a quebrar las reglas básicas de juego en este Estado Social de Derecho. Todas estas medidas podrían resultar en extremos no deseadas para la ciudadanía. Hay que tener mucho cuidado para que la euforia de la indignación, que es entendible, no lleve a aprovechamientos equivalentes a los que a último momento se frenaron.

Pero quedémonos por ahora con lo básico. ¿Para qué tanta reforma constitucional? ¿Por qué se da en Colombia este fenómeno tan extraño? ¿No es acaso la Constitución una norma con vocación de permanencia? Ya hay, sin contar este año, 35 reformas a este documento. Los presidentes de turno, incluido Santos por supuesto, parecen haber igualado el acto de gobernar con cambiar la Constitución, y no con trabajar dentro del marco que ella contempla.

Esto pese a que, para eliminar algunos de los problemas que acosan al ciudadano en cuanto a su acceso pronto a la justicia, bien cabrían acciones concretas, reformas a los códigos de procedimiento, otras propuestas quizá menos rimbombantes. No puede ser que cale tanto la idea de hacer una Constituyente a apenas 20 años de haber promulgado la de 1991. Tanto las reformas como la sobreproducción legislativa ante cualquier tema coyuntural son tentaciones que deberían quedar en el pasado, si queremos tener instituciones fuertes, duraderas, con experiencias y aprendizajes propios.

Es claro que al Congreso y a los magistrados de las altas cortes les cabe una ancha responsabilidad en todo este asunto. Al primero por haber votado la reforma, por aprobarla, por hacer a un lado los debates de un año entero y enfrascarse abnegadamente en legislar en causa propia. ¿A qué horas el único culpable es ese gobierno que chiflaron en el recinto del Congreso hace unos días? Faltaba más. Y los segundos lo son porque –con contadas excepciones– criticaron la reforma solamente hasta cuando se vieron beneficiados con ella. La ciudadanía debe aprender quiénes son esas personas que los representan.

Lo positivo de todo este bochornoso episodio –que aún no acaba, por desgracia– es que la ciudadanía despertó: llevó su indignación a las redes sociales, a las calles, con opiniones informadas sobre lo que estaba sucediendo. Enhorabuena. Ojalá que esto no sea una simple respuesta coyuntural, de moda, sino una actitud permanente. Los gobiernos, el país, mejorarían mucho si los ciudadanos fueran más activos: si pensaran su voto, si exigieran cuentas, como a bien tuvieron hacerlo en estas semanas. Muchas lecciones deja este episodio lamentable. Y está en nuestras manos que no se pierdan con el tiempo. 

Temas relacionados

 

últimas noticias

Hay que defender la justicia transicional

Dejad que los niños vengan a mí

El caso de Jaime Garzón no está cerrado

El glifosato vuelve y juega