Varias aristas del caso Drummond

A veces la cara real de las cosas nos sirve de excusa para hablar de lo realmente importante. Y en este caso hay varios asuntos para discutir.
Lo primero, la Drummond. En un tardío comunicado de prensa, y luego de extender su silencio por varios días —prácticamente hasta que los descubrieron—, la empresa le puso nombre propio a lo sucedido: un accidente, aseguran. Piden perdón. Y sí, se trató justamente de eso. Pero el incidente despierta dudas de más envergadura: ¿qué tanto han adelantado el mandato legal de cambiar el transporte de carbón en barcazas por el de cargue directo? ¿Si en los años de precios exuberantes del carbón no lograron transformar su puerto, ahora con los precios a la baja acelerarán el ritmo?

La legislación, pese a lo volátil, ha sido bastante clara: el Decreto 3083 de 2007 exigía que a partir de julio de 2010 todos los puertos marítimos del país debían aplicar el cargue directo, asunto que fue modificado, por el incumplimiento, hasta el 1° de enero de 2014, si se cumplían los requisitos de que habla la Ley 1450 de 2011. El próximo año debe estar listo. ¿Lo estará?

Y ya no es una pregunta que elevamos a la Drummond, particularmente, sino a todas las demás. Se trata de un problema ambiental, algo de más importancia que la minería a gran escala. El polvillo negro, como decía Salomón Kalmanovitz en su columna, ha deteriorado la calidad de las playas de Santa Marta y desvalorizado las propiedades. También genera problemas respiratorios en los humanos, deterioro en la fauna y la flora. ¿Se necesitan más razones? ¿Hay espacio para más plazos?
Ahí es donde entra el otro gran actor: el Estado. Por más riqueza que le aporten a este país, el medio ambiente no se puede dejar a la buena voluntad de los privados. El Estado debe fortalecerse. La propia representante del sector de la minería a gran escala, Claudia Jiménez, le dijo al diario El Tiempo esta semana que lo que falta en el sector minero es más institucionalidad. Mayor coordinación en el Gobierno, ya que, dice, los ministerios no hablan siempre en el mismo sentido. Faltan lineamientos más específicos, políticas más sólidas, en fin, más definición e implementación de una minería realmente responsable. ¿Se podrá?

El Gobierno no tiene por qué temerle a una multinacional a la hora de hacerla responder. Ni esperar a que exista un escándalo mediático para mostrarse fuerte. Ese no puede ser el sentido de las cosas. Menos cuando a la Drummond no le tiembla la mano para demandar al Estado, como lo hizo, ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio con sede en París, por el incumplimiento de un contrato ferroviario. Como lo mostró Noticias Uno la semana pasada, el Gobierno se vio obligado, un año después, hace tan sólo dos meses, a pagar la suma $60 mil millones. ¿No debería el Gobierno ser igual o más estricto?

Finalmente, estamos los medios, a los que ahora al parecer nos quiere culpar la Drummond. Se lee en el tardío comunicado de la multinacional lo siguiente: “A raíz del accidente, y debido al asalto intelectual sobre Drummond por parte de tantos críticos, Drummond también se siente una víctima”. Vea pues. Y todos pensando que las víctimas reales son las poblaciones humanas aledañas, el mar, la fauna, la flora... Mirando a esas víctimas reales fue como informamos, y como seguiremos pendientes de informar. Ni más faltaba que fuéramos a voltear la mirada para otro lado.

A veces la cara real de las cosas nos sirve de excusa para hablar de lo realmente importante. Y en este caso hay varios asuntos para discutir.
Lo primero, la Drummond. En un tardío comunicado de prensa, y luego de extender su silencio por varios días —prácticamente hasta que los descubrieron—, la empresa le puso nombre propio a lo sucedido: un accidente, aseguran. Piden perdón. Y sí, se trató justamente de eso. Pero el incidente despierta dudas de más envergadura: ¿qué tanto han adelantado el mandato legal de cambiar el transporte de carbón en barcazas por el de cargue directo? ¿Si en los años de precios exuberantes del carbón no lograron transformar su puerto, ahora con los precios a la baja acelerarán el ritmo?

La legislación, pese a lo volátil, ha sido bastante clara: el Decreto 3083 de 2007 exigía que a partir de julio de 2010 todos los puertos marítimos del país debían aplicar el cargue directo, asunto que fue modificado, por el incumplimiento, hasta el 1° de enero de 2014, si se cumplían los requisitos de que habla la Ley 1450 de 2011. El próximo año debe estar listo. ¿Lo estará?

Y ya no es una pregunta que elevamos a la Drummond, particularmente, sino a todas las demás. Se trata de un problema ambiental, algo de más importancia que la minería a gran escala. El polvillo negro, como decía Salomón Kalmanovitz en su columna, ha deteriorado la calidad de las playas de Santa Marta y desvalorizado las propiedades. También genera problemas respiratorios en los humanos, deterioro en la fauna y la flora. ¿Se necesitan más razones? ¿Hay espacio para más plazos?
Ahí es donde entra el otro gran actor: el Estado. Por más riqueza que le aporten a este país, el medio ambiente no se puede dejar a la buena voluntad de los privados. El Estado debe fortalecerse. La propia representante del sector de la minería a gran escala, Claudia Jiménez, le dijo al diario El Tiempo esta semana que lo que falta en el sector minero es más institucionalidad. Mayor coordinación en el Gobierno, ya que, dice, los ministerios no hablan siempre en el mismo sentido. Faltan lineamientos más específicos, políticas más sólidas, en fin, más definición e implementación de una minería realmente responsable. ¿Se podrá?

El Gobierno no tiene por qué temerle a una multinacional a la hora de hacerla responder. Ni esperar a que exista un escándalo mediático para mostrarse fuerte. Ese no puede ser el sentido de las cosas. Menos cuando a la Drummond no le tiembla la mano para demandar al Estado, como lo hizo, ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio con sede en París, por el incumplimiento de un contrato ferroviario. Como lo mostró Noticias Uno la semana pasada, el Gobierno se vio obligado, un año después, hace tan sólo dos meses, a pagar la suma $60 mil millones. ¿No debería el Gobierno ser igual o más estricto?

Finalmente, estamos los medios, a los que ahora al parecer nos quiere culpar la Drummond. Se lee en el tardío comunicado de la multinacional lo siguiente: “A raíz del accidente, y debido al asalto intelectual sobre Drummond por parte de tantos críticos, Drummond también se siente una víctima”. Vea pues. Y todos pensando que las víctimas reales son las poblaciones humanas aledañas, el mar, la fauna, la flora... Mirando a esas víctimas reales fue como informamos, y como seguiremos pendientes de informar. Ni más faltaba que fuéramos a voltear la mirada para otro lado.