Venezuela está oficialmente en dictadura

El paso que faltaba para que Venezuela institucionalizara una dictadura, lo dio el jueves pasado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que decidió arrogarse las funciones de la Asamblea Nacional (AN), en manos de la oposición, configurando así un autogolpe de Estado. Este hecho —que condenamos de manera enérgica— requiere la aplicación inmediata de la Carta Democrática de la OEA, como lo ha pedido su secretario general, Luis Almagro. Sin embargo, la gran mayoría de los países miembros mantienen su reticencia a hacerlo.

El tema es de excesiva gravedad. Se acabó con lo poco que quedaba del Estado de Derecho y el respeto a la institucionalidad democrática en el vecino país. De un régimen autoritario, en el que no se respetaban los derechos humanos ni la libertad de expresión, se restringían los espacios democráticos a la oposición y se utilizaban todas las argucias para postergar la realización de elecciones, se ha formalizado ahora la concentración efectiva de todos los poderes en manos del Ejecutivo.

En 2001 y bajo la gestión de César Gaviria al frente de la OEA, se aprobó una Carta Democrática Interamericana (CDI). La misma que se ha aplicado desde entonces en varias ocasiones y ahora no debería ser la excepción. El artículo 20 de la misma, como lo señala Almagro, no se presta para equívocos: “En caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.

La oposición venezolana ha transitado un tortuoso camino en los últimos 18 años. Tras el absurdo del golpismo en sus inicios, entendieron que el único camino viable era la lucha democrática. A pesar de la represión, el encarcelamiento, las trabas jurídicas, el apabullante favoritismo del Gobierno y un largo etcétera, han persistido en la vía electoral. Cuando estuvieron a punto de lograr su objetivo, con el referendo revocatorio, el régimen manipuló hábilmente un supuesto diálogo dirigido a tomar del pelo a la Mesa de Unidad Democrática (MUD). ¿Cómo pueden exigir ahora el chavismo y la comunidad internacional que mantengan un diálogo que ha demostrado ser estéril y destinado a dilatar el desarrollo de elecciones libres, transparentes y con observación internacional?

No hay que olvidar que el TSJ se pronunció doblemente. Por un lado, quitándoles el fuero a los diputados de la AN, con lo cual pueden ser detenidos en cualquier momento, como lo ha anunciado el propio Maduro, alegando una supuesta traición a la patria. En la segunda decisión, ordenó que “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”. Lo anterior con una finalidad política y económica, pues el Gobierno necesita validar ante la AN urgentes medidas financieras que no puede llevar a la Asamblea por considerarla en “desacato”.

La única solución viable es la urgente aplicación de la Carta para restablecer el orden constitucional, fijar un calendario electoral, liberar a todos los presos políticos y devolverle a la AN su independencia. En 1809 la Junta Tuitiva, en La Paz, Bolivia, dijo en su proclama: “Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez”. Sería muy lamentable que los estados miembros de la OEA se arrepientan a futuro por no haber utilizado un mecanismo que todos ellos aprobaron en conjunto, para evitar situaciones como la que atraviesa Venezuela.

Actualización: después del cierre de esta edición, el Tribunal Supremo anunció que invalidaba los dos apartes más polémicos de su decisión, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y el asumir las funciones de la Asamblea Nacional. Esto vino después de que el gobierno de Nicolás Maduro, bajo presión internacional e incluso de miembros del chavismo, como la Fiscalía General de Venezuela, le pidiera al Tribunal revisar su decisión. Henrique Capriles, líder opositor, expresó que eso no corrige el problema ni levanta los obstáculos para que el parlamento cumpla con sus deberes. Estamos de acuerdo, así como nos parece particularmente dañino para la democracia que el Ejecutivo pueda ordenar al poder Judicial revisar una decisión, después incluso de haberla defendido. El mensaje del editorial permanece: Venezuela tiene todos los síntomas de una dictadura. 

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El Espectador

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