Vía libre para la implementación

Ahora sí, esperamos, deberá empezar la construcción de un país distinto, sin la sombra, hasta ahora omnipresente, de las Farc como grupo violento.

Entendemos que la magnitud histórica del momento amerita consideraciones políticas, pero no dejan de ser preocupantes las volteretas que hubo que dar para redefinir lo que en un principio respondía a la promesa presidencial de someter todo a una convocatoria al pueblo.

Después de varios meses de incertidumbre  y discusiones jurídicas complejas en la Corte Constitucional, la guardiana de la Carta Política decidió dejar en firme el Acto Legislativo para la paz, lo que en la práctica significa que el Gobierno y los partidos afines al proceso con las Farc en el Congreso tienen herramientas extraordinarias para implementar lo pactado. Aunque queda una sensación amarga en cuanto a la interpretación sobre la refrendación popular, esperamos que los líderes políticos estén a la altura de la vía libre que tienen para hacer realidad el acuerdo y acabar el conflicto con las Farc.

Eran, básicamente, tres los puntos más álgidos de la demanda que estudiaba la Corte Constitucional: el fast track para expedir las normas que implementen el acuerdo, las facultades extraordinarias otorgadas al presidente de la República por un plazo determinado y el artículo que establecía que el Acto Legislativo sólo entraba a regir “a partir de la refrendación popular” del acuerdo.

El fast track es una figura que reduce de ocho a cuatro el número de debates en el Congreso de la República para estudiar los proyectos presentados que se desprendan de lo pactado en La Habana. El Gobierno había insistido, con justificación, en la importancia de la figura para darle celeridad a la expedición de las normas que materialicen y blinden lo acordado. Según la ponencia que se dio a conocer en días pasados, de la magistrada María Victoria Calle, el fast track es un mecanismo “especial y transitorio de reforma” que “mantiene el nivel de resistencia al cambio de normas constitucionales por encima de las leyes, no petrifica las cláusulas de reforma de la Constitución y no suprime ni reduce la diversidad de los mecanismos de enmienda”. Por eso su constitucionalidad.

Como complemento del fast track están las facultades otorgadas al presidente, también enfocadas a garantizar la agilidad del proceso. Durante los debates de este tema en el Congreso, este fue el punto que los representantes del Centro Democrático utilizaron para decir que se estaba dando un “golpe de Estado”. La Corte, no obstante, respaldó la figura haciendo referencia a la temporalidad de las facultades. Esperamos que ese argumento sea suficiente para calmar la violencia retórica que había marcado ese tema.

Finalmente, está el tema de la refrendación popular como requisito para que el Acto Legislativo entre en vigencia. Aún no conocemos el comunicado de prensa del alto tribunal, por lo que no sabemos con precisión cuál fue la figura adoptada para que la ausencia de un nuevo plebiscito no tumbara la reforma constitucional. Entendemos que la magnitud histórica del momento amerita consideraciones políticas, pero no dejan de ser preocupantes las volteretas que hubo que dar para redefinir lo que en un principio respondía a la promesa presidencial de someter todo a una convocatoria al pueblo.

Dicho lo anterior, y ahora que ya está más clara la situación jurídica, vienen dos retos importantes: aterrizar cuanto antes y de manera correcta lo pactado, y buscar maneras de que los colombianos sientan que este proceso es legítimo. Ahora sí, esperamos, deberá empezar la construcción de un país distinto, sin la sombra, hasta ahora omnipresente, de las Farc como grupo violento.

 

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