Mientras tanto, sería apenas provechoso que ponga límites a sus actuaciones y le ofrezca a su gabinete la autonomía que merece y a su propio gobierno la unidad que requiere. No se trata, claro está, de que el vicepresidente esté haciendo estragos por doquier. Su intervención en el paro camionero, por ejemplo, resultó al final beneficiosa. Según el propio ministro de Transporte, Germán Cardona, de no haber sido por la mediación de Garzón, hubiera sido necesario, como lo tenía ya organizado la Policía Nacional, suspender a la fuerza el bloqueo y lidiar con el malestar que todo uso de la violencia genera. Si bien su intervención fue coordinada con el ministro y al final resultó exitosa, no es menos cierto que su protagonismo mediático y el desconocimiento del tema por momentos debilitó los fundamentos técnicos del ministro y su equipo. Si hasta llegó a pedir presión ciudadana al propio gobierno para que se llegara a un acuerdo.
Si esta mediación rindió frutos al final, otras intervenciones suyas han sido, cuando menos, problemáticas. En el caso de la fijación del salario mínimo y el aumento de la edad de pensión, por nombrar dos casos, la intervención del vicepresidente Garzón abrió un inquietante interrogante sobre la unidad del Gobierno y su seriedad a la hora de tomar decisiones. Nadie entiende cómo, en la discusión de estos temas, sus razones políticas resultaron más contundentes que las razones técnicas del ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y del director de Planeación Nacional, Hernando José Gómez. Aunque al final el presidente Santos quedó como un gran conciliador, este es un juego delicado: si las cosas mantienen su rumbo, es de esperarse que el país comience a ver a los ministros como actores de segunda y busque entenderse, en línea directa, con el vicepresidente.
La división del trabajo no se realiza en vano, ni en vano se designa en cada cartera a las personas más competentes en sus áreas. Los pantallazos del vicepresidente, muy connotados por cierto, no se traducen en el buen crédito del Gobierno en su conjunto. En el mismo sentido —al igual que con el gabinete— las agencias gubernamentales deben mantener su autonomía y su autoridad. ¿Qué hace, por ejemplo, el vicepresidente Garzón como director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación? Esta institución es mucho más que puestos burocráticos y debe ser dirigida —como lo fue hasta hace poco por Eduardo Pizarro Leongómez— por un experto que, antes que hacer política, trabaje para responder por las víctimas del conflicto.
Es cierto que los poderes de la Vicepresidencia, en virtud de la indefinición misma del cargo, son confusos. No obstante, por estructurales que sean las indeterminaciones del puesto, quien lo ocupe no puede, motu proprio, adelantar agendas paralelas. El presidente Santos logró la unidad nacional y puso a trabajar, más o menos hacia el mismo norte, a varios de los partidos políticos más importantes del país. Sorprende, sin embargo, que no parezca haber logrado lo mismo dentro de la casa. Y es mejor que lo haga, antes de que el problema se le salga de las manos. Lo último que necesita el país es que a la fragmentación del Plan Nacional de Desarrollo adelantado por el Gobierno se sume la fragmentación de quienes habrán de ejecutarlo.