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La reunión del presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, con la Corte Constitucional para discutir las posibles tutelas que se presentarán por la vacuna del COVID-19 sienta un precedente inquietante. Por supuesto que el Gobierno tiene todo el derecho de difundir su plan de vacunación y de pedirles a los colombianos que utilicen de manera responsable el sistema judicial para no descarrillar el esfuerzo masivo que se tendrá que hacer. Pero la separación de poderes está creada con el objetivo de garantizar la independencia y la autonomía. La manera en que el Gobierno puede comunicar sus argumentos a las altas cortes es a través de sus intervenciones en las tutelas que eventualmente se presenten, no haciendo lobby previo y en privado para que desde la cumbre de la Rama Judicial se dicte línea sobre lo que pueden o no pueden hacer los jueces.
La relación de las tutelas con el sistema de salud ha sido complicada. Ante un aparato estatal y privado que se la pasa entre el colapso, la ineficiencia y la corrupción, los colombianos han encontrado en la acción de tutela un mecanismo para hacer valer su derecho a la salud. Esto ha sido criticado por los desajustes financieros que produce, argumento que es verdadero, pero que no se conduele con la compleja realidad. Para muchas personas, asistir a un juez ha sido la única forma de obtener tratamientos que les salvan la vida.
Entonces, es de esperar que con las vacunas también vengan las tutelas. Por eso, el ministro de Salud dijo que si “nos saltamos la fila y buscamos vacunar a una persona muy joven que no tenga comorbilidades, vamos a afectar a una persona mayor que va a tener un riesgo muy grande de morir”. También les hizo un llamado a los jueces de la República a “hacer respetar esa prioridad” establecida en el plan de vacunación. El presidente Duque dijo lo propio: “La invitación que se hace a la justicia es que acompañe este plan de vacunación”.
Compartimos por supuesto ese deseo, pero precisamente porque el acompañamiento de la justicia lo dicta la ley. Si los criterios creados por el Gobierno responden a lo que dice el ordenamiento jurídico, no hay motivos para que un juez intervenga. Si lo hace de manera indebida, ese funcionario comete una falta que tiene sanción. Pero también puede ocurrir que haya colombianos con reclamos legítimos para hacer ante la justicia. Como escribió Rodrigo Uprimny en El Espectador: “Supongamos que una persona está incluida en la primera etapa por ser mayor de 80 años, pero su EPS le niega la vacuna. ¿No tendría derecho a tutelar?”.
Lo inquietante es que el Gobierno intente dirimir los debates antes de que inicien. La ausencia de un plan convincente de comunicación no se suple citando reuniones con las altas cortes para influir en los criterios que deben orientar sus fallos. En el proceso se viola la independencia judicial y se crea una mala imagen en los colombianos.
La división de poderes, con sus simbolismos, tiene el propósito constitucional de resguardar la democracia y blindar todas las actuaciones con legitimidad. No la ataquemos con visitas indebidas.
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