Vuelve la dosis

El pasado 28 de junio la Corte Constitucional encaminó el debate del porte de la dosis mínima de droga hacia donde siempre ha debido estar: no puede penalizarse —dice el alto Tribunal en su sentencia— a la persona que porte un gramo de cocaína o 22 de marihuana para consumo personal. Algo que los moralistas condenan con toda la furia posible.

Y es que el debate de las drogas debe dejar de generar tantas posiciones ideológicas encontradas: hay que decidir entre un Estado paternalista y uno que respete las libertades de sus ciudadanos. Punto. No caben argumentos de índole moral o de buenas costumbres. El individuo, ese que quiere emborracharse o fumar desmedidamente o inhalar cocaína, es libre en un Estado como el nuestro. Muy probablemente haya que desincentivar el uso de sustancias psicoactivas, como ya se hace con el tabaco, y emprender medidas de salud estrictas para que las personas elijan un tipo de vida distinto. Pero no hay que imponerlo a la fuerza.

Ese querer constante de que todos seamos ‘buenos’ a la fuerza fue lo que trató de hacer el pasado gobierno con la reforma de 2009. Pero la Corte, por fin, puso un freno a todas las autoridades. Nuevamente, un ciudadano que sea encontrado con la dosis mínima de droga no podrá ser tratado como un delincuente. Su droga podrá ser decomisada, destruida, pero el fuero interno que lo llevó a consumirla quedará intacto. En hora buena.

Sin embargo, los que se oponen a este tipo de medidas ya han salido a protestar. La Procuraduría (en cabeza de Alejandro Ordóñez, uno de los más fieles representantes de estas cruzadas) dice que impugnará el fallo de la Corte Constitucional porque atenta contra las sanas costumbres, contra la lucha que las autoridades le hacen al narcotráfico. Un falso dilema si se mira todo el contexto global: la lucha contra las drogas se cuestiona cada vez más en todos los países del mundo. Hasta el mismo presidente Juan Manuel Santos lo ha hecho.

Y no es gratis: los daños secundarios de las drogas (los que se dan por las políticas antidrogas) son nefastos. No sólo impulsan el incontenible poder del narcotráfico que se salta cualquier control legal, cualquier impedimento, y que promueve un cambio en los valores de las sociedades; sino que también generan problemas de salud, como la cocaína rendida o las agujas de la heroína que propagan el VIH, entre muchas otras.

En Colombia el senador Juan Manuel Galán ha promovido un cambio de enfoque: del orden público a la salud pública. Que los adictos no sean tratados como delincuentes sino como enfermos. Personas a las que el Estado dedique una parte del presupuesto para poder rehabilitarlas de su adicción. Pero sobre todo que ayude a los ciudadanos a prevenir el consumo, por medio de campañas que desestimulen el problema primario de las drogas: la adicción y la enfermedad. Sólo despenalizando el uso de estas sustancias es posible conocer más acerca de ese mundo por fuera de los velos moralistas.

Habiendo dado este primer paso sería insoportable que la dosis mínima volviera al vaivén eterno de desaparecer constantemente. No es serio que un país en donde corre tanta sangre por el narcotráfico tome a la ligera esta disposición jurídica. La dosis mínima separa a consumidores de delincuentes, es coherente con la legislación que pretende llevar el debate a la órbita de la salud pública y ayuda mucho a clasificar a los tipos de consumidores.

El primer paso revivió después de casi 18 años de haberse dado por primera vez por parte de la misma Corte Constitucional. Esperamos solamente que los sectores que se oponen no intenten atrasar los intentos de acabar el narcotráfico por una vía nueva (que ha probado funcionar más que la infructuosa guerra contra las drogas): los canales de producción, distribución y control legal. Hacen falta décadas, lo sabemos, pero no por eso hay que borrar los primeros pasos. 

 

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