¿Y en la práctica?

En mayo de este año el Gobierno Nacional anunció que unificaría el Plan Obligatorio de Salud (POS) para todos los colombianos.

Esta política, que entró a regir desde el domingo pasado, es un importante primer paso —a nivel formal, claro— para afirmar la equidad entre las personas del régimen subsidiado y las del contributivo.

La Ley 100 de 1993, en efecto, creó una brecha terrible: los recursos no alcanzaban para que pobres y asalariados tuvieran acceso al mismo tipo de cubrimiento, razón por la cual se dispuso que los planes fueran distintos, generando con ello una desigualdad inconcebible entre los ciudadanos colombianos, cuya salud era tratada según los ingresos que tuvieran. Como hablando de una mercancía y no de un derecho (ese virus del que se acusa a la prestación del servicio de salud en el mundo). La Ley 100, sin embargo, ordenaba que se unificara el POS de manera gradual y con el tiempo.

Esto no pasó como estaba estipulado. Los años siguieron su imparable curso y el POS permanecía diferenciado para unos y otros. Pese a que tuvo unas pocas actualizaciones (cambios respecto a los avances de las tecnologías o la aparición de nuevos medicamentos), la cuota de igualdad seguía más que pendiente. Era inconcebible. Tuvo que salir la Corte Constitucional con su famosa T-760/08, la sentencia de “la salud”, en la que no sólo establecía que el derecho a la salud era de carácter fundamental, sino que ordenaba unificar los planes de beneficios para ambos regímenes.

De manera que no estamos ahora tanto frente a un acto del gobierno de Juan Manuel Santos, sino, más bien, ante el cumplimiento de una orden perentoria de la Corte, que a su vez revivía otra de hace poco menos de 20 años. No es, pues, un anuncio que deba darse en medio de bombos y platillos, sobre todo cuando aún queda tanto por hacer.

Los expertos manifiestan que es obvio el avance que a nivel legal se logra con esta medida. Se trata, como ya dijimos, de un paso adelante para alcanzar una verdadera justicia social. Sin embargo, las dudas que surgen sobre la implementación son muy grandes. Todo parece indicar que, a la hora del té, no se están dando pasos proporcionalmente equivalentes a los que se dieron en el terreno formal. El POS está unificado, sí, pero no se tomaron las precauciones para que la Unidad de Pago por Capitación, UPC —lo que el Gobierno les reconoce a las EPS—, fuera igual para ambos regímenes. ¿Cómo quieren que sea igualitario, si la diferencia entre contributivo y subsidiado es de aproximadamente $120.000 por persona? ¿Quién asumirá esa diferencia? ¿Acaso los hospitales al borde de la quiebra? ¿Las EPS, varias en situación terminal? No hay respuesta.

Todo indica que no hubo suficiente preparación para que entrara en vigencia la medida. Muchas de las EPS del régimen subsidiado, las cuales asumen la carga de esta unificación del POS, están siendo intervenidas. Los hospitales están preocupados porque este bonito plan puede afectarles la cartera, sus finanzas, y dejarlos (si es que no están ya) en la ruina total. Mientras tanto los pacientes siguen haciendo filas inagotables que se han hecho mucho más largas por cuenta de las demandas de un servicio que, obviamente, requiere ahora de una forma más igualitaria.

Todos apoyamos la unificación del POS. La salud no debe estar diferenciada ni llegar según el ingreso que se tenga. Sin embargo, las políticas no pueden echarse a andar sin una preparación previa. Y las voces más autorizadas del mundo de la salud se siguen preguntando si esto colapsará o, peor aún, si nunca será practicable. Una buena pregunta que el Gobierno debería contestar.

 

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