Por: Rodolfo Arango

La educación, otra vez

En la semana que termina, el presidente Santos anunció con bombos y platillos que otorgaría diez mil becas a los mejores bachilleres de escasos recursos. Gran generosidad.

Antes del anuncio esas oportunidades no existían para hogares pobres. ¿Quién podría ser tan ciego para no celebrar la noticia y agradecer la magnanimidad de un presidente comprometido con el cambio? Pasados los días vino a saberse que lo prometido por el jefe de estado no eran becas. Se trata de créditos condonables, siempre y cuando sus beneficiarios terminen exitosamente los estudios en universidades públicas o privadas de calidad. Algo va de una beca incondicionada, que se gana como premio, a un crédito, cuya condonación está sujeta a ciertas condiciones. Ya veremos qué y cuánto se exige al estudiante de familia sisbenizada para evitar su posterior calidad de deudor.

Pero lo que asombra no es el juego de palabras del gobierno – si beca, crédito o beca-crédito –, sino su concepto de educación superior y lo que significa para un país en desarrollo. El presidente y su ministra insisten en concebirla como un “bien meritorio” para algunos, no como un derecho fundamental para todos; ya lo decía la abortada reforma educativa presentada al Congreso y luego retirada ante la presión inteligente y organizada de los estudiantes. Sin elevarla a ley, el ejecutivo impone su visión elitista, eludiendo el debate democrático. En cuanto bien escaso, la educación superior se reserva a los mejores, a los más capaces, no a quienes tienen deficiencias en su formación. Todo en franca contravía del querer constituyente, según el cual la educación es un derecho fundamental cuyo goce debe depender únicamente de terminar el bachillerato.

Maravilloso sería que ante la estrechez presupuestal y las múltiples necesidades la opción hubiera sido destinar, por una vez, recursos escasos a los más necesitados según su mérito. El peligro radica, sin embargo, en que esta política no es episódica: se ha querido elevar a ley. Se busca reservar el acceso a la educación a los más competitivos y excelentes, no al grueso de los bachilleres. Si no, ¿cómo explicar el abandono de la universidad pública –congelamiento de la planta profesoral, deterioro de las instalaciones, politización de Colciencias– y los incentivos a la mercantilización del acceso educativo vía créditos blandos? Con tan equivocado e inconstitucional enfoque se priva de oportunidades a quienes, por condiciones familiares, sociales y educativas, no controlables por ellos, tienen escasa capacidad de competir.

El sistema de créditos condonables, además de distraer el objetivo mayor de universalizar la educación superior, es acorde con la reducción del saber a conocimientos técnicos y tecnológicos, lo que requiere el país según la ex directora del SENA. La visión tecnocrática de la educación superior empobrece hasta marchitar al buen ciudadano. Sólo quien termine sus estudios, sin crisis, sin cambios, sin interrupciones, sin conflictos, sin dudas, sin distracciones, sin faltas, en resumen juiciosa y domesticadamente, tendrá derecho a eximirse del sistema crediticio y judicial. Hacia una sociedad domesticada, dócil, obediente, parece ser el lema del gobierno. A distancia sideral se encuentra una concepción de educación para la democracia que forme buenos, conscientes y activos ciudadanos, quienes luego de gozar los beneficios colectivos estén dispuestos a retribuir con creces la generosidad de su sociedad, sin tener que ser perseguidos, debido a su sensibilidad, inconformidad y deseo de cambio, por un papá Estado castigador, moralista y controlador.

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