Por: Daniel Pacheco

Educación sin universidad

TODO EL MUNDO COINCIDE EN QUE el país de la "prosperidad democrática" será sólo una quimera si no aumenta el número de jóvenes que puede acceder a una educación superior de calidad, especialmente en ciencia y tecnología.

El Gobierno lo reconoce a través de sus ambiciosas proyecciones: crear 645.000 nuevos cupos de educación técnica y superior para 2014, pasando de una cobertura de 37 a 50%. Es en la forma de lograr estos objetivos que el debate se complica.

Por la propuesta de reforma del Gobierno queda bastante claro que Santos no se la juega por la universidad pública para levantar la ecuación superior. Eso es lo que hasta ahora se ha leído entre líneas de los 164 artículos que la ministra de Educación ha propuesto modificar de la Ley 30 de 1992.

Además de que los recursos totales que adicionaría el proyecto ($2,4 billones en 3 años) son insuficientes para lograr sus propias proyecciones (terminarían siendo $1’240.000 por estudiante al año), lo que le corresponde a la universidad pública viene atado a una fórmula basada en el crecimiento económico del país que no permite prever grandes aumentos. Casi consciente de los mezquinos aportes públicos, el proyecto propone facilitar la entrada de capital privado para incrementar el cubrimiento.

Más allá de lo pobre que parece esta propuesta, está el hecho inicial que lleva a ella. Hace años la confianza entre la universidad pública y el gobierno de turno está rota.

Si uno se atreve a pensar fuera del marco ideológico, que explica esta ruptura porque la universidad es de izquierda (pública) y el Gobierno de derecha (privatizador), hay una cantidad de factores que aparecen.

En la universidad pública los liderazgos reformistas no son bienvenidos. A Mockus le quedó más fácil gobernar a Bogotá que reformar a la Nacional. A Marco Palacios lo tildaron de uribista por aprobar el Estatuto Docente. Desde adentro, la universidad pública ha corroído todos los intentos de cambiar la comodidad de una privilegiada minoría. Y Wasserman ahí.

No conozco una institución con procesos administrativos más engorrosos e ineficientes que la Universidad Nacional. Se trata de un sistema kafkiano protegido, entre otros, por el sindicato de trabajadores, que tiene un peso desmedido en las decisiones de una institución que es de todos.

Desde la figura de la autonomía, la universidad pública se ha resistido a participar en los procesos de evaluación y certificación de calidad de sus programas y profesores. Aunque se ha avanzado mucho en este aspecto, desde afuera sigue siendo muy difícil pedir cuentas.

Otro tema que se desprende de la autonomía es la falta de seguridad en los campus universitarios. Los grupos de radicales violentos son sólo la expresión más visible de un fenómeno de ilegalidad y crimen que incluye venta de drogas, piratería y una economía informal capturada por mafias. Cuando la ministra no puede ir a la universidad es difícil pedirle más plata.

Esta lista no pretende quitarle responsabilidades al Gobierno. Lo que sí hace es señalar las que también tiene la universidad pública. Una reforma a la educación superior sin la universidad no es realista. Una reforma liderada por ella, tampoco.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Daniel Pacheco

Video, luego existo

Inverosimilitud fiscal

Generación E

1,5°C