Por: Rodolfo Arango

Educación superior: derecho o bien

Juan y Pedro son hermanos pobres y han vivido siempre en los extramuros de Bogotá.

Juan pasó su examen de admisión a la universidad pública, digamos la Universidad Nacional de Colombia. Pedro no pasó dicho examen, pero fue de los más pilos en la prueba de Saber 11 y es aceptado en una universidad privada, escogida por él, que no tiene examen de admisión. Ambos reciben subvención del Estado. Pero sus situaciones, pese a todo, son harto distintas.

La subvención de Juan es gratuita. La de Pedro puede llegar a serlo si cumple ciertas condiciones. El primero goza de una verdadera beca estatal. El segundo goza de un crédito condonable. ¿A cuál de los dos trata mejor la sociedad? ¿Es equivalente el riesgo para uno y otro en caso de retiro por falta de rendimiento o dificultades de algún tipo?

Cuando se diseña una política pública es necesario tener presentes los parámetros constitucionales y no dejarse llevar por el buen corazón. No es correcto equivocar bondad con equidad. Las buenas intenciones no siempre respetan la igualdad de trato y de oportunidades. Pedro es tratado más estrictamente que Juan. Y no son aún claras las razones para defender esa diferencia.

El mérito de ser admitido a la universidad pública hace consciente a Juan de su derecho fundamental a la educación. Podrá disfrutar de sus estudios si aprueba las exigencias académicas, incluso reorientando sus metas o encontrando su vocación. Si demuestra su calidad, en breve podrá retribuir a su sociedad la garantía institucional de sus derechos. Para Pedro la cosa pinta diferente: el ser pilo en Saber 11 debe hacerlo consciente de que ha sido premiado con un bien público escaso. Tendrá que ser juicioso, eficiente y pragmático para no arriesgar que tanta bondad se le convierta luego en pesadilla. En breve podrá mostrarle a su sociedad lo exitoso que puede llegar a ser.

Más grave que convertir derechos sociales fundamentales en bienes meritorios es la presión psicológica ejercida sobre quienes reciben la presunta “ayuda”. Las presiones son injustamente mayores sobre Pedro que sobre Juan. El altruismo inculcado al segundo no es fomentado en el primero. Juan querrá devolver a la sociedad parte del fruto de sus méritos. Pedro querrá evitar convertirse en deudor del sistema financiero. Eso explica la escogencia mayoritaria de ingenierías, arquitectura, derecho y medicina en universidades privadas y no de ciencias sociales o naturales en universidades públicas.

Múltiples razones existen para defender la subvención de Juan y no tanto la de Pedro. Primero: el examen de ingreso a una universidad pública no equivale a las pruebas Saber 11. ¿Cuál de los dos fue más pilo? Segundo: subvencionar con verdaderas becas la oferta de educación superior podría ser más eficiente que subvencionar con créditos condonables la demanda. Tercero y cuarto: las cifras sobre el costo por estudiante en la universidad pública y la privada no cuadran y el gobierno ha dejado de financiar en 10% la universidad pública de 2004 a 2013, como lo ha mostrado recientemente Yolima Vargas en El Espectador (http://blogs.elespectador.com/yoligrilla/2015/02/02/educacion-3cobertura-2calidad-meritocracia/).

Nada contribuye a la construcción de la democracia que algunos respondan a las críticas no con argumentos sino atacando a las personas, incluso distorsionándolas. A quienes así actúan habría que pedir menos arrogancia, más coherencia y algo de transparencia. De hecho, muchos de ellos no han tenido que vivir las circunstancias de Pedro o Juan.

 

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