Por: Rodolfo Arango

Educación y democracia

EN COLOMBIA LA DÉCIMA PARTE más rica de la población disfruta del 50% de los bienes y servicios del país mientras que la décima parte más pobre se reparte el 0,6% de éstos.

Los presuntos avances en materia de educación superior en la última década no han impedido que ocupemos el primer puesto en desigualdad en América Latina y el cuarto lugar en el mundo. El proyecto de reforma a la educación superior del Gobierno no ataca este problema sino lo agrava. El déficit de las universidades públicas no se supera con los aumentos estipulados en el presupuesto nacional de los años venideros. El proyecto inspirado en las experiencias de China y Brasil pretende ampliar cupos, evitar la deserción y mejorar la calidad por vía de atraer inversiones privadas a los centros educativos y permitir en ellas el ánimo de lucro. Como lo sostiene Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, se trata de una reforma a medias que calla el fortalecimiento y la importancia del sistema de universidades públicas en esos países. Tampoco importa al Gobierno la relación entre educación y democracia.

La amenaza de una mayor inequidad introducida por el Gobierno la percibieron con claridad los miles de manifestantes que salieron la semana pasada a las calles para protestar contra la reforma. Abrirles indiscriminadamente las puertas al capital privado y al ánimo de lucro en la educación superior es ahondar en la profunda desigualdad que afecta a los colombianos. Una cosa es aceptar dineros de la industria para formar técnicos y tecnólogos, lo cual es razonable si se busca aumentar la competitividad económica. Otra cosa es incentivar la educación privada en perjuicio de la educación pública. Esta política afecta la participación igualitaria de todos en el autogobierno de la sociedad y debilita la democracia. La educación puede estar al servicio de intereses privados o ser, además, democrática y promotora de equidad social.

La promoción de la educación superior mediante dineros privados no promueve la expansión de la democracia sino la concentra en élites privilegiadas. Pocos recuerdan los beneficios que trajo el situado fiscal del plebiscito de 1957 a favor de la educación. El acceso gratuito a una educación pública de calidad promueve el desmonte de privilegios, la democratización social y una mayor participación política. Condorcet entendió la estrecha relación entre educación y democracia al identificar la instrucción pública como el principal factor de lucha contra la desigualdad social. La lucha contra el poder del clero y de la nobleza exigía una educación laica, estatal y con contenidos democráticos. Una instrucción pública fuerte asegura la igualdad de oportunidades en el acceso a los beneficios del progreso. Una visión neoliberal de la educación superior, por el contrario, sirve a intereses particulares y reduce la dimensión de lo público. Poner el principal mecanismo de acceso igualitario a los bienes del progreso, que es la educación superior, al servicio del capital privado so pretexto de su interés altruista, no conviene al país. Se hipoteca así, abierta o soterradamente, la democratización de la sociedad a favor de la dependencia de nuevas formas de dominación, en este caso económica. Con la reforma a la educación superior sólo tendríamos garantizada la pérdida de independencia en la investigación científica y artística y, finalmente, el estrechamiento de la democracia por la lógica imperial del mercado.

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Todo parece indicar que el caso Nule dejará al descubierto la estrecha relación entre contratación pública, clientelismo y corrupción política del segundo periodo del gobierno Uribe.

 

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