Por: Daniel Emilio Rojas Castro

EE. UU. y el reconocimiento de Colombia

La polémica sobre el “apoyo crucial” de los padres fundadores de los EE. UU. a la independencia colombiana ya pasó a segundo plano, pero en la actual coyuntura conmemorativa es importante mantener vivo el debate público sobre el surgimiento de la nación colombiana.

Por eso quiero hacer un breve comentario sobre el reconocimiento que los EE. UU. hicieron de la independencia colombiana. Tuvo lugar en 1822 y se efectuó con el recibimiento oficial en Washington del diplomático Manuel de Trujillo y Torres (peninsular de nacimiento, sobrino del arzobispo Antonio Caballero y Góngora y simpatizante de las ideas de Antonio Nariño).

Desde los inicios del movimiento independentista en la Nueva Granada, varias misiones partieron desde Caracas, Cartagena y Bogotá con el propósito de obtener el reconocimiento diplomático de los EE. UU., pero ninguna de ellas fue recibida oficialmente en Washington. La cuestión de las “provincias insurrectas de España”, como se conocía en ese entonces al movimiento independentista, sólo recibió una atención particular entre los miembros del Congreso y del Gobierno estadounidenses a partir de 1817, cuando los diplomáticos españoles denunciaron que los rebeldes hispanoamericanos hallaban armas, pertrechos militares y crédito en Filadelfia, Baltimore y Nueva York. 

Esa denuncia obligó al Congreso a plantearle una serie de preguntas al Ejecutivo sobre la posibilidad de la intervención estatal en los negocios privados de armas (un tema que para ese entonces ya era sensible en el país del norte) y sobre las competencias de los poderes públicos en materia internacional: ¿qué política de neutralidad debían seguir los EE. UU. frente al estado de guerra entre España y las provincias insurrectas?, ¿podría el reconocimiento de una de ellas como Estado independiente constituir una causa de guerra de España contra EE. UU.?, ¿era el reconocimiento de un gobierno una competencia del Ejecutivo o le correspondía al Legislativo?

Esas preguntas, y la posibilidad de reconocer o no a los enviados hispanoamericanos, tenían como trasfondo la disputa entre los EE. UU. y España por el territorio de las Floridas, un área que reunía a la península del mismo nombre y a una franja costera sobre el Golfo de México que se extendía desde el río Chattahoochee hasta Baton Rouge. España había cedido las Floridas a los ingleses en 1763 para retomar el control de La Habana, que estos controlaban desde la ocupación del puerto durante la Guerra de los Siete Años. El apoyo de Madrid a la independencia de los EE. UU. permitió restablecer la soberanía española allí, pero a partir de 1810 (año crucial para el independentismo del Caribe español) la administración Madison consideró que España era incapaz de mantener el orden en las Floridas por la cantidad de esclavos prófugos que albergaban, así como por los levantamientos de indígenas y la creación de dos repúblicas independientes de efímera existencia. En realidad, se buscaba evitar que Francia o Inglaterra terminaran arrebatándole esa zona a España y se visualizaba incorporarla a los EE. UU. Recibir oficialmente a los enviados hispanoamericanos era renunciar a la posibilidad de un acuerdo negociado con los españoles. 

Entre 1817 y 1818 tuvieron lugar algunos acercamientos entre Washington y Madrid para evitar el estallido de un conflicto territorial. La ocupación militar de las fronteras de las Floridas y un eventual reconocimiento internacional de las provincias españolas insurrectas fueron mencionados para presionar a España a concluir un acuerdo definitivo. Por eso, la posibilidad de reconocer a los gobiernos independientes fue más un mecanismo de presión para asegurar el continentalismo y el Destino manifiesto, que un apoyo directo a la independencia de Colombia y de las demás repúblicas hispanoamericanas. Los Estados no tienen amigos en la política internacional, un principio tan válido en ese entonces como en la actualidad.

Como Torres se lo explicó a Pedro Gual (el primer canciller colombiano) y a Bolívar en varias cartas, el reconocimiento de Colombia dependía de la solución que se diera a la cuestión de las Floridas. Cuando se firmó el tratado Adams-Onís en 1821, que obligó a los españoles a renunciar a las Floridas, a la Luisiana, al territorio de Oregón y a cederle la navegabilidad del Mississippi a EE. UU., J. Monroe (1758-1831) y John Adams (1735-1826) revivieron el debate sobre el reconocimiento. Torres, que ya lo había solicitado para Colombia tras la victoria de 1819 en Boyacá, renovó la petición al gabinete de Monroe argumentando que la situación del sur del continente exigía un precedente que permitiera a las demás naciones inspirarse de un gobierno popular y representativo como el colombiano. Meses después, cuando las Floridas ya pertenecían a los EE. UU., fue recibido en calidad de chargé d’affaires, lo que significó la aceptación de que Colombia era un país independiente y soberano.

¿Puede el reconocimiento de los EE. UU. interpretarse como un apoyo crucial al naciente gobierno colombiano? Es probable, pero creo que los especialistas colombianos e internacionales deberían ser consultados para responder a este tipo de preguntas antes de que el Gobierno haga nuevos pronunciamientos sobre la materia. El riesgo de conmemorar un evento histórico oficial sin crear consensos entre políticos, universitarios y miembros de la sociedad civil no es sólo cometer errores básicos de apreciación que le restan seriedad y solemnidad a un momento tan importante como el Bicentenario, sino también demostrar que, tras dos siglos de vida independiente, seguimos siendo incapaces de ofrecer soluciones colectivas a nuestros problemas nacionales.

Adenda. Repudio el atentado contra la escuela de cadetes de policía General Santander y transmito toda mi solidaridad a los familiares de las víctimas. 

 

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