Por: Carolina Botero Cabrera

Efecto colateral indeseado de TLC

Hace escasamente un mes la noticia era que Europa, a pesar de la oposición, aprobaba la extensión de los derechos fonográficos pasando de 70 a 95 años. Es decir, suspendía la salida a dominio público de miles de obras europeas y, coincidencialmente, posponía la de las primeras grabaciones de Los Beatles.

Supimos entonces que el costo de tal decisión era de un billón de euros. Arts Technica explicó el impacto a través de la opinión del profesor Kretschmer: “72% de los beneficios financieros de esta extensión del plazo serán para los sellos discográficos. Del 28% que irá a los artistas, la mayoría será para superestrellas, con sólo el 4% beneficiando a los músicos mencionados en el comunicado de prensa del Consejo Europeo, como enfrentando una brecha de ingresos al final de sus vidas” (http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/09/cost-of-europes-20-year-...).

La aprobación del TLC con EE.UU. tendrá un resultado similar en Colombia pues eleva el plazo mínimo de protección de los derechos de autor en el país a 70 años. Dirán que no hay problema, pues la protección para nuestro país es de 80 años después de la muerte del autor. Sin embargo, les recuerdo que esa es la regla general.

Cuando el titular es una persona jurídica (pública o privada), el plazo actual es de 50 años desde la publicación. La norma es expresa en esos casos para los derechos fonográficos entre otros que en consecuencia también se ampliarán. No hay análisis económicos de lo que eso significa, ni sé si el tema fue protestado por Colombia, aunque es de suponer que se admite como bueno por ser fortalecimiento de los derechos de los titulares.

Pero los efectos van más allá, pues así se incrementa también el plazo para las obras cuya titularidad es de los entes estatales y esto sí que tiene menos sentido en tiempos en que discutimos un nuevo, necesario pero poco efectivo, proyecto de ley de acceso a la información pública.

Por cierto, de ese proyecto leí varias críticas y adhiero a que debiera establecer el derecho como obligación activa del Estado y no sujeto a solicitud como está en el proyecto.

 

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