Por: Cartas de los lectores

El abogado Pino Ricci y los contratos de los Nule

Me refiero a sus artículos publicados en días pasados en los que se afirma que: primero, la doctora Alicia Arango les abrió la puerta de la contratación estatal en Bogotá a los empresarios Nule; segundo, que fui una persona clave para el contacto de los Nule con la entonces directora del IDRD y la posterior concesión de contratos y, tercero, que en la lista de acreedores de alguna empresa del grupo Nule se encuentra registrado mi nombre. Al respecto deseo aclarar lo siguiente:

1. Para la época en la que se tramitaron cerca de 42 licitaciones en la administración de la doctora Alicia Arango en el IDRD, hace más de once años, no tenía ninguna vinculación profesional o de amistad con empresas o personas relacionadas con lo que posteriormente se ha conocido como Grupo Empresarial Nule. Por esta razón mal habría podido el suscrito actuar como contacto entre estas personas y la directora del Instituto, quien, además, ha manifestado en forma enfática no haber tenido, en esa época, trato alguno con dichos empresarios.

2. El ingeniero Horacio Mendoza Martínez, en asociación con otras empresas, se presentó a la gran mayoría de las licitaciones que para esa época fueron tramitadas en el IDRD. En una de ellas, cuyo objeto era la construcción del Parque Timiza, la propuesta de este ingeniero, de conformidad con la evaluación efectuada por la Universidad Javeriana, ocupó el tercer lugar en el orden de elegibilidad. Inicialmente el Instituto adjudicó el contrato al Consorcio Los Robles, del cual hacía parte una firma a la cual el DAMA –entidad independiente y autónoma– le había decretado una inhabilidad para contratar. Esta inhabilidad no fue advertida antes de la adjudicación por el IDRD en razón a que no fue objeto de registro ante la Cámara de Comercio. El oferente que ocupaba el segundo lugar también se encontraba inhabilitado porque tenía deudas pendientes con la DIAN, y no hubo alternativa distinta de adjudicar el contrato al ingeniero Horacio Mendoza. Es importante precisar que la celebración de contratos estatales con personas inhabilitadas constituye un delito.

3. A pesar del tiempo transcurrido y de que por esta circunstancia ya ha ocurrido el fenómeno de la prescripción, estoy dispuesto a renunciar a este beneficio para que los organismos de control y la Fiscalía General de la Nación investiguen mi conducta. Tengo tranquilidad absoluta pues en estos procesos se dio aplicación estricta a los principios que rigen la contratación estatal y, en general, a la normativa vigente.

4. El año pasado, más de diez años después, fui contactado por representantes de las empresas del Grupo Nule para que les emitiera un concepto en relación con las dificultades que en razón a los incumplimientos del IDU venían presentándose en la ejecución de las obras sobre la calle 26. Suscribí un contrato para el efecto y por falta de liquidez de estas empresas los honorarios correspondientes no han sido cancelados. Una vez el agente liquidador publicó en diarios de amplia circulación la convocatoria a los acreedores de empresas de este grupo empresarial, presenté el contrato y la solicitud de pago correspondiente. Los conceptos y escritos elaborados fueron presentados directamente por el suscrito a la Dirección del IDU. Esta es la razón por la cual mi nombre está registrado en el listado de acreedores oficiales de estas empresas.

5. Por último, deseo aclarar que, si bien el doctor Edmundo del Castillo tenía suscrito un contrato de prestación de servicios profesionales con el IDRD, no tuvo ninguna participación en las licitaciones públicas tramitadas para la época.

 

Jorge Pino Ricci. Bogotá.

Información y poder

He vivido convencido de que la misión de la prensa y los medios en general, con toda su importancia y poder, es orientar a la opinión mediante sus informaciones objetivas y veraces. Sin embargo, en Colombia, infortunadamente, estamos muy lejos de esa soñada realidad, quizás porque nacieron cuando nuestra sociedad estaba compuesta en su mayoría por campesinos iletrados, ya que la educación era de manejo exclusivo de la Iglesia, para unos pocos privilegiados. El pasado lunes, leyendo la columna de Santiago Montenegro en El Espectador, “La información es como el agua para el pez. Sin agua, el pez muere; sin buena información no puede haber buen gobierno”, se acrecienta mi desilusión por la calidad de la información que nos suministran nuestros medios. Antes que informar la verdad en forma objetiva, sirven a los dueños del poder, sus dueños, poder económico y poder político.

Crean caudillos, como el caso Uribe, quien a su vez, con la manida confianza inversionista, impulsó los famosos “grupos de grandes empresarios” como los Nule, Saludcoop y otros que hasta ahora están sacando del clóset, como el anunciado por don William Vélez, al parecer cabeza del cartel de la contratación nacional. Las leyes las hacen para los de ruana, reza el adagio, y es cierto en la práctica. Para los ‘grupos’ no hay legislación, las Superintendencias dicen que controlan sociedades, pero los grupos no son de su resorte. Los grupos reciben privilegios fiscales, evaden impuestos y, además, fueron los promotores de la compra de curules para tales fines, práctica que pronto fue adoptada por todo tipo de mafias que, disparando el valor de las campañas políticas, terminaron sepultando la democracia. Los medios, haciéndoles el juego a los viudos del poder en Bogotá y usando al procurador como idiota útil, se limitaron a masacrar a los Moreno Rojas y al Polo como chivos expiatorios, mientras los estafadores billonarios siguen siendo tratados como grandes señores empresarios. ¿Hasta cuando tendremos que seguir soportando esta tortura?

 

 

Leovigildo Micán Morales. Bogotá.

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