Por: Cecilia Orozco Tascón

El acta oficial que incrimina a Pretelt

No le están saliendo bien las cosas al procesado Jorge Pretelt en la Corte Suprema. Su método de defensa que ha hecho carrera entre los encartados poderosos del país y que consiste en no contestar las denuncias, sino en desprestigiar a los denunciantes y a los testigos, empieza a hacer agua. Ojalá así sea. Pretelt alegó ante la Sala Penal, con sugerencias veladas que lo hacen quedar muy mal sobre su supuesta forma de “tratar” a una señora, que el litigante Víctor Pacheco se “ensañó” contra él. Ha argumentado, también, la inexistencia de una reunión en su apartamento entre él y Pacheco, el 18 de octubre de 2013. Ese día y esa cita son claves porque habría sido en ese momento cuando Pretelt le exigió $500 millones para garantizar que una tutela saldría a favor de los clientes del abogado.

Pues bien, Pretelt ha dicho que Pacheco miente y que la “prueba” de ello es que no hay registro de su ingreso en la portería del edificio en que vive. Débil argumento: ¿quién paga un peso por los precarios cuadernos de escuela, escritos sin ningún rigor, línea por línea y a mano por los celadores de turno? ¿Quién garantiza que la identidad de todos los que entren y salgan de un conjunto de edificaciones, se registra sin falla? Es más: ¿quién cree que una empresa privada de celaduría no borra unos nombres o, incluso, añade otros, si media la petición de un residente notable? Pero, bueno, hagamos un acto de fe y démosle el beneficio de la duda a Pretelt. Supongamos que Pacheco se inventó todo; que perdió sus clientes de Fidupetrol y los demás que pudiera tener en el resto de su vida por cuanto se canceló su licencia de abogado para siempre; que se dejó condenar y estuvo encarcelado por el puro placer de perjudicarlo. En contra de Pretelt hay una prueba irrefutable por cuanto es documento oficial: el “Acta No. 13 del 2 de marzo de 2015”, de la Sala Plena de la Corte Constitucional. En su página seis se lee: “El magistrado presidente Jorge Pretelt Chaljub tomó la palabra para destacar los principales (seis) puntos explicados a lo largo de esta reunión… (punto) iv. Que… ha recibido al abogado Pacheco algunas veces, solo una de ellas en su apartamento, el 18 de octubre de 2013… (punto) vii. Que nunca ha ocultado sus contactos o reuniones con Víctor Pacheco, ni tampoco que alguna vez hablaron sobre el caso (Fidupetrol), aunque sin plantear la asunción de ningún compromiso”.

El intenso debate interno que se generó para poder aprobar el texto final del acta que únicamente pudo firmarse meses después, tras una batalla entre quienes insistían en que ese episodio quedara registrado y quienes se oponían, se explica: a Pretelt se le zafó la verdad en medio de su ira por la dura discusión que lo enfrentó aquel 2 de marzo de 2015 con sus colegas. Al final, seis de los nueve magistrados de la Constitucional estamparon su firma sobre el texto que, hoy por hoy, es historia aprobada. Importancia de la fecha del 18 de octubre de 2013: el exmagistrado Mauricio González, afectado por el escándalo porque era quien resolvería la tutela de Fidupetrol y sobre quien influiría Pretelt según este le prometió a Pacheco, lo relató el lunes pasado ante la Sala Penal de la Suprema: el día anterior, 17 de octubre, se había seleccionado la tutela de Fidupetrol para revisión en la Constitucional. ¿Qué argumentará ahora Pretelt? ¿Que sus seis colegas y Pacheco sí se reunieron para acordar tamaña mentira?

Coincidencia I. Tres magistrados se opusieron al Acta 13: Pretelt, por supuesto. Luis Guillermo Guerrero, exauxiliar de Rodrigo Escobar Gil, y la conservadora Marta Sáchica. Guerrero y Sáchica no dijeron que fuera falsa la parte en que se relaciona la famosa fecha. Simplemente “no la recordaron”.

Coincidencia II. Escobar Gil, íntimo amigo de Pretelt y procesado también por el caso Fidupetrol, fue el apoderado de una firma privada, Recaudos y Tributos, que logró que otra tutela fuera revisada en la Corte cuando el alcalde Carlos Caicedo, de Santa Marta, le canceló un contrato leonino que afectaba gravemente los dineros públicos. Los intereses de Recaudos y Tributos triunfaron con la sentencia T-1082 de 2012 a su favor y en contra de la ciudad. Ponente de esa decisión que fue anulada posteriormente por absurda: Jorge Pretelt. ¿Casualidad?

 

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