Por: Alejandro Reyes Posada

El acuerdo de ordenar la propiedad de la tierra

El acuerdo agrario fue el puente de oro que permitió a las Farc legitimar ante sus bases guerrilleras el acuerdo final de paz, pues significó el compromiso del Estado de afrontar en serio el atraso del campo y la inclusión de los campesinos, indígenas y negros como ciudadanos. Durante décadas, la sola existencia de las guerrillas tuvo el efecto perverso de calificar de subversivo cualquier reclamo por sus derechos. Sin conflicto armado, las ochocientas mil familias de agricultores sin tierra y los dos millones que se hacinan en los microfundios improductivos aspiran a tener acceso a tierras productivas y bienes públicos para la dignidad humana como resultado de la reforma rural integral.

Esta reforma rural fue concebida como la transformación de la competitividad de los territorios a partir del ordenamiento de la tenencia y usos de la tierra, impulsado de abajo hacia arriba, con la iniciativa de las organizaciones de los pobladores, autoridades y empresarios locales, y con la oferta de servicios estatales de formalización, distribución y restitución de tierras despojadas y dotación de bienes públicos. Los pequeños productores han sido replegados de muchos territorios por la voracidad del acaparamiento de tierras en grandes propiedades que usan el suelo de manera extensiva para almacenar capital que no devuelve en impuestos el costo social de oportunidad y que no cumple su función social por su improductividad.

Que los campesinos están en los lugares equivocados es evidente en los episodios invernales que estamos viviendo. Encima de cada deslizamiento de tierra hay un campesino que colonizó la pendiente y tumbó la cobertura protectora del suelo. Todos los damnificados directos de inundaciones ocupan áreas de riesgo por ser zonas de descarga del exceso de agua en rondas de los ríos, humedales y ciénagas. El 40% de suelos erosionados de laderas andinas son sobreutilizados por campesinos que carecen de tierras planas para producir. Colombia exporta la riqueza de su suelo al mar Caribe por el río Magdalena y ese lodo colmata el cauce y las ciénagas del sistema de descargue y agrava las inundaciones.

Colombia necesita reordenar la distribución de población en el territorio productivo y restaurar los ecosistemas boscosos protectores del agua y la biodiversidad. En los cien territorios en que se divide la geografía colombiana hay áreas con vocación natural para agricultura, dotados de infraestructura mínima, áreas que deben preservarse y restaurarse, con posibilidades de cosechar el bosque sin destruirlo, e incluso áreas extensas de baja productividad que pueden ser desarrolladas por el capital privado sin subsidios estatales, incluso en ganadería sostenible.

Ante semejantes retos el Estado parece un testigo impotente porque no tiene las herramientas para ordenar la propiedad sobre el territorio. El proyecto de ley de tierras establece, por primera vez, un modelo sistemático para ordenar los derechos sobre la tierra con planes territoriales por barrido predial exhaustivo y un proceso agrario único para resolver los conflictos de tenencia, la falta de titulación y la función social de la propiedad, con un componente fuerte de trabajo de la Agencia Nacional de Tierras e intervención de los jueces agrarios para resolver las controversias.

No se puede confundir la oposición a las Farc con la oposición a que, por fin, el Estado pueda disponer de instrumentos legales para hacer el ordenamiento social de la propiedad.

 

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