El Acuerdo de París y el fracking

Ernesto Guhl Nannetti*

El gobierno nacional conformó recientemente una comisión integrada por reconocidos científicos y ambientalistas con la terea de emitir su concepto sobre si se debe o no autorizar la utilización del “fracking” en Colombia. Sin embargo esa no es la pregunta correcta, pues implica que el gobierno ya tomó la decisión de impulsar la explotación de hidrocarburos, de los cuales dependen en alto grado los ingresos fiscales, buscando así paliar rápidamente su crisis financiera.

En realidad el dilema no consiste en decidir si una técnica de extracción de hidrocarburos es o no la adecuada, sino si el gobierno piensa o no cumplir con los compromisos adquiridos por Colombia como parte del  Acuerdo de Paris, en el cual ofrece reducir sus emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20% para 2030.

Este compromiso implica cambios tan importantes como avanzar hacia una economía decarbonizada, en cual disminuya la producción, el consumo y la exportación de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), el control de las emisiones de GEI producto de la deforestación que está acabando aceleradamente con los bosques en extensas zonas boscosas de la Amazonia, el Catatumbo y la Costa Pacífica y reforzar los mecanismos e incentivos para mejorar la eficiencia energética de la industria y los servicios.

Además, como se ha decidido en muchos países, es necesario desarrollar y  complementar los instrumentos legales y los beneficios e incentivos económicos existentes, bien orientados pero aún insuficientes, para lograr promover efectivamente el desarrollo y la utilización de fuentes de energías limpias.

La pregunta correcta que se debe plantear y responder el gobierno y no una comisión, es entonces, si Colombia debe  aumentar su dependencia  energética y financiera en el petróleo y el carbón, o si por el contrario debe fortalecer y acelerar la transición hacía una canasta energética más balanceada, que incluya fuentes de energías limpias en varias de las cuales contamos con alto potencial, como es el caso de la energía solar. Estas energías pueden ser adicionalmente un instrumento de equidad para satisfacer las necesidades de las zonas no interconectadas y de la población dispersa que no cuenta con éste servicio esencial. El diseño y la conformación  de la  canasta energética  óptima para las condiciones y necesidades del país tienen un  carácter vital y estratégico y deben desarrollarse mediante un plan estable de largo plazo.

Plantear un conflicto ideológico entre las fuentes de energías limpias y los hidrocarburos es un grave error, ya que como asunto de interés nacional vital, debe trascender las posiciones partidistas y más bien combinarlas racionalmente considerando sus implicaciones sociales, ambientales y económicas, para lograr consensos en beneficio del progreso y el bienestar en todo el país.

Impulsar efectivamente la transición energética reviste una gran urgencia planetaria y nacional a la luz de los crecientes desastres climáticos y los llamados de los científicos, advirtiendo una vez más, sobre los efectos incontrolables y catastróficos que generará la desestabilización del clima si la temperatura media del planeta aumenta más allá de 1.5C. 

En lo que respecta específicamente al caso del “fracking”, dada la enorme incertidumbre que existe sobre la magnitud y gravedad de sus impactos socioambientales y de la capacidad de las autoridades ambientales para monitorearlos y controlarlos, la determinación racional y prudente es mantener la prohibición de su aplicación en Colombia como lo establece el reciente fallo del Consejo de Estado, protegiendo así el medio ambiente y el derecho a disfrutar de un ambiente sano con base en el Principio de Precaución.

Por último, es indispensable mencionar que autorizar el “fracking” crearía un nuevo motivo de conflicto entre los intereses nacionales y los de las regiones, que consideran indeseable y peligrosa su aplicación.

*Miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.