Por: Columnista invitado EE

El affaire contra Gustavo Petro

La destitución del exalcalde ha desatado una polémica nacional e internacional, que ha opacado los actuales comicios presidenciales, y una movilización social que no cesara hasta que la ciudadanía promueva grandes transformaciones institucionales.

 Unas voces hablan de la desproporción en la función del control disciplinario ejercida por el Procurador Ordoñez en contra del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, al comentar la destitución e inhabilidad por 15 años, proferida en contra de la voluntad popular de casi 730.000 bogotanos, quienes elegimos sin ningún tipo de mermelada el programa de gobierno de la Bogotá Humana.

Otras en cambio, intentamos recuperar la forma descarnada de predicar sobre las cosas. Por esa razón preferimos hablar de la destitución del Alcalde Petro como un golpe de estado. Sé que una aseveración de esta naturaleza pone los pelos de punta en los círculos de estudio de la Ciencia Política. Como una manera de blindar conceptualmente el debate que procede al juicio ya expuesto, traigo a colación la definición de Henry R. Spencer en la Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, en torno al golpe de estado: "un cambio de gobierno efectuado por los poseedores del poder estatal, en desafío a la legalidad constitucional".

Es de tal magnitud la fuerza y los impactos generados por este hecho político, que ha desatado una polémica nacional e internacional de vastas dimensiones. Así lo evidencian las recientes declaraciones del Presidente de la Corte Constitucional Luis Ernesto Vargas, asegurando que las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en favor de los derechos políticos del Alcalde Petro tienen carácter vinculante para el Estado Colombiano, en virtud del bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia fijada por la misma Corte en sucesivas sentencias, reiterando de igual modo que es tan fundamental el derecho a la vida, como los derechos políticos de los ciudadanos.

La controversia por el caso Petro no le ha sido ajena al mundo. La declaración suscrita por 12 eurodiputados solicitando al gobierno de la Unión Europea la suspensión del TLC con Colombia, hasta tanto no se pronuncie la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que según ellos, la destitución del burgomaestre capitalino constituye una falta de respeto al Estado de Derecho, los derechos humanos y un auténtico retroceso de la democracia colombiana, muestra el grado de preocupación de los organismos internacionales por el debilitamiento de las libertades democráticas en nuestro país.

A esto se suman posiciones oficiales en este mismo sentido fijadas por reconocidas organizaciones defensoras de derechos humanos como el Centro Internacional por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL, con sede en Washington, u opiniones editoriales en las que se cuestiona la decisión del Presidente Santos de no acatar las determinaciones expedidas por la CIDH, consignadas en publicaciones reconocidas como el periódico británico The Guardian.

No hay nada más sintomático del tsunami político llamado Petro, que la actual campaña presidencial en Colombia, marcada por el bostezo y el hastío. Es una campaña sin brillo, grisácea, sin el atractivo y la pasión que provoca el debate de las ideas, justamente porque la gran ausente de esta contienda electoral son las tesis programáticas. La razón principal de la pérdida del interés público por las elecciones presidenciales es que el epicentro del debate nacional lo representa la destitución del Alcalde Petro.

Para la muestra un botón: según un reciente sondeo de opinión adelantado por una de las reconocidas firmas encuestadoras, el 60% de los encuestados rechazó la actuación del Presidente Santos de no acatar las medidas cautelares en favor del exalcalde de Bogotá, provocando en forma inmediata el descenso en la intención de voto por el candidato a la reelección, producto del efecto directo del ciclón en cuestión. La discusión de si el Procurador y sus decisiones las anima un revanchismo político, soportado en creencias religiosas fundamentalistas, y si el Presidente Santos al desacatar las medidas cautelares actuó movido por pequeños cálculos electorales, han copado de manera casi total la agenda pública de la nación.

Luego de trascurridos cuatro meses de la crisis democrática causada por la destitución del Alcalde de Bogotá, no es aventurado concluir que el Affaire Petro se tomó en forma literal la vida cotidiana de la sociedad colombiana y lo hizo en forma de debate ciudadano e impugnación de la sociedad civil al Estado.
Si vas a las cafeterías allí se cuela en forma inevitable esta discusión. Igual suerte se corre si estas en la peluquería, en el estadio, en la plaza de mercado, en la taberna, en la fiesta familiar o en la sala comedor. Mirando en perspectiva este debate nacional, es muy fácil sucumbir a la tentación analógica, obviamente guardando las distancias y las proporciones, de compararlo con el caso Dreyfus en Francia, a finales del siglo XIX.

En los dos episodios la raíz de la iniquidad estremeció la conciencia crítica de sus respectivas sociedades. Sobre todo por las conexiones entre arbitrariedad e injusticia; politización de la justicia y persecución política; subordinación de la comunicación instrumental a la voluntad hegemónica de poder, y luchas democráticas por la verdad y la justicia, características todas éstas presentes en ambos fenómenos políticos. Esperamos que en el caso Petro no se requiera de mucho tiempo para la rehabilitación de sus derechos jurídicos y políticos, como si sucedió con el caso Dreyfus, quien necesito de 12 años para su rehabilitación total.

En contraste con los candidatos presidenciales, incluido el presidente candidato, quienes no se atreven ni a la movilización de las ideas y menos a la movilización en las plazas públicas, Petro viaja a Barranquilla y llena hasta las banderas la Plaza de la Paz, lanzando desde el Caribe la propuesta de la Asamblea Constituyente, y la ratifica en la plaza San Francisco de la ciudad de Cali, con otro lleno total. De esta forma se demuestra que el despotismo y la arbitrariedad del Procurador Ordoñez provocó una movilización social que no cesara hasta tanto esa ciudadanía promueva la realización de grandes transformaciones institucionales.

* Filósofo y politólogo. Promotor de “Petro no se va”.

 

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