Por: Hernán González Rodríguez

El año de la corrupción: 2017

El 2017 pasará a la Historia de Colombia como el año de la corrupción, no porque sea esta algo nuevo en el país, sino porque ha llegado a niveles sin precedentes, los cuales involucran a algunos altos funcionarios del Gobierno, expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, congresistas, fiscales anticorrupción, empresas multinacionales como Odebrecht en sobornos para la elección presidencial, magistrados de las Cortes, empresarios privados…

Transparencia Internacional estimaba el costo de la corrupción en Colombia en cerca del 1% del PIB por año, antes de los escándalos recientes. Y, además, nos colocó en 2016 en el poco ejemplarizante puesto 90 entre 176 países analizados por ella para tabular su Índice de Corrupción.

Transparencia Colombia evaluó 167 instituciones en 2016, tanto del orden nacional como departamental y calificó la mayoría de ellas como de riesgo de corrupción alto o muy alto. Las mejores tan solo alcanzaron el nivel de riesgo medio. Departamentos de riesgo crítico: Chocó y la Guajira. Instituciones de riesgo crítico: los ministerios de Justicia, Transporte y la Fiscalía.

Las causas de la corrupción en Colombia se deben a la coexistencia de la pobreza material, ética y moral de la mayoría de la población, a nuestros hábitos políticos corruptos, a la cultura de la mordida en los contratos, a las instituciones civiles y religiosas incompetentes, al narcotráfico, a la guerrilla…

Las pobrezas conviven con alguna frecuencia. No somos un país rico. Los países ricos no son tan corruptos como los pobres. En un seminario organizado por Anif y Asofondos en Medellín, en 2016, presentaron la alarmante distribución de los ingresos de la población ocupada así: el 85,4% de esta devenga menos de dos salarios mínimos legales mensuales; el 6,1% siguiente recibe de 2 a 3 mínimos; y tan solo el 8,5% restante recibe más de 3 mínimos. El 30% de nuestra población no satisface sus necesidades básicas.

Nuestros hábitos políticos corruptos no solo conviven, sino que se retroalimentan. Los dineros que el Gobierno reparte entre los congresistas, “la mermelada”, y los que les anticipan los futuros contratistas de obras públicas, les sirven para comprar votos entre los pobres a cambio de unos cuantos pesos, un buen almuerzo o una promesa de empleo. Los congresistas así elegidos nombran magistrados corruptos en las Altas Cortes, y todos juntos se blindan contra la Justicia, con el fin de continuar sus hábitos corruptos.

La cultura de la mordida.  El contratista ganador le retorna por debajo de la mesa un porcentaje del contrato al funcionario o funcionarios que lo favorecieron.  Los jefes de las aduanas y de los peajes en las vías se compran para ingresar el contrabando con el cual se lava el dinero del narcotráfico y se destruye nuestro empleo. No pocas instituciones educativas colombianas privilegian la educación académica, olvidado enseñar los principios éticos y morales.

Instituciones incompetentes frente al narcotráfico y las guerrillas. En Colombia no hemos tenido jamás unas Fuerzas del Orden con cobertura total y eficaz sobre todo el territorio nacional, por culpa de nuestras pobrezas y por culpa de unas ideas liberales de tolerancia ingenua de la subversión. Mi conclusión: nuestras pobrezas contribuyen a la coexistencia de todas nuestras corrupciones.

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