El arresto de “El Espectador”

Una juez de Rionegro (Antioquia) pidió este año, en una tutela, “sancionar al periódico El Espectador y al señor Alberto Donadio, con arresto de seis meses”.

La juez se llama Olga Lucía Galvis Soto. La funcionaria no explicó cómo se lleva a cabo el arresto de un periódico, atropello que no se les ocurrió a regímenes arbitrarios que cerraron diarios e impusieron la censura de prensa, como el de Rojas Pinilla, Laureano Gómez y Mariano Ospina Pérez.

El juez, también de Rionegro, que estudió la tutela de su colega, no ordenó el arresto de El Espectador. ¿Cómo se le ponen las esposas a un periódico? ¿Cómo se le transporta al búnker de la Fiscalía? Pero este segundo juez, Carlos Augusto Zuluaga, sí consideró ilegal la publicación de la fotografía de Galvis Soto que se hizo en este periódico en diciembre.

Zuluaga ordenó a El Espectador y a este columnista “que no publiquen foto alguna de la Dra. Olga Lucía Galvis Soto, salvo autorización expresa y voluntaria de dicha dama”, pues fue “para hacerle reparos que se exhibió su rostro”. Según Zuluaga, solamente podemos publicar la foto de Galvis “para magnificar o virtualizar a dicha dama”.

Si la doctrina Zuluaga se vuelve jurisprudencia nacional, los periodistas del país estarían desesperados por encontrar calificativos elogiosos cada vez que sea necesario publicar las fotos del magistrado Malo o del magistrado Ricaurte.

La Constitución señala, en el artículo 20, que “no habrá censura”. El juez dictó una orden en abierta contradicción con la ley máxima.

La prensa y la televisión divulgan todo el tiempo fotografías de magistrados de las altas cortes sin pedir su autorización. Es obvio que prohibir la publicación de la foto de una juez de Rionegro no tiene fundamento legal. Es obvio, además, que supeditar la publicación de la imagen de una funcionaria estatal al elogio que se haga de ella es un despropósito, un disparate, un dislate, un desatino, un desacierto, una barbaridad, una necedad y un atentado contra la libertad de prensa.

Zuluaga incurrió en otra barbaridad, pues nos prohibió escribir sobre la sentencia dictada por Galvis en un pleito privado hasta cuando se resuelva el caso en apelación.

Un magistrado del Tribunal Superior de Antioquia, José Eugenio Gómez Calvo, acaba de echar por tierra las decisiones de Zuluaga, no por razones de fondo, no por abusivas e inconstitucionales, sino porque Galvis no pidió antes de la tutela la rectificación, como señala la ley, pues la remitió a @elespectador.com.co, dirección que no existe, en vez de enviarla a @elespectador.com.

¿Qué más nos espera? ¿Desde cuándo “virtualizar la dama”es lenguaje jurídico?