El asesinato de Álvaro Gómez y los que saben cómo fue la vuelta

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El pasado viernes 14 de febrero el subpresidente Iván Duque, al juramentar a su amigo Francisco Barbosa como Fiscal General de la Nación, le hizo un pedido que atrajo la atención de los medios: esclarecer hasta sus últimas consecuencias el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. (Ver noticia).

Nada pudo ser más oportuno, pues en próximos días comienza a circular el libro Los secretos del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, donde procuro hacer exactamente lo mismo: esclarecer quiénes dieron la orden de asesinar al dirigente conservador.

Duque puso el molde jurídico a seguir cuando le dijo a Barbosa que se trata de un crimen de lesa humanidad y en tal medida “los crímenes de lesa humanidad no se pueden quedar en la impunidad, esperamos que durante su fiscalía llegue a la verdad”.

La primera pregunta que se formula todo investigador en la escena del crimen es ¿a quién le sirve…? Si me pusiera también de perspicaz detective, preguntaría a quién -o a quiénes- les sirve que se le declare crimen de lesa humanidad, como lo hizo la Fiscalía a cargo de Néstor Humberto Martínez bajo asesoría de la abogada y periodista María Isabel Rueda (ver Álvaro Gómez y un crimen de lesa redacción), mientras al nuevo fiscal le acaban de indicar que se debe sujetar a la misma línea.

¿Y en qué consiste esta nueva -o misma- línea de investigación? La conjunción entre Duque, Martínez Neira y Barbosa en torno a la lesa humanidad significa que le creen a la versión amañada del narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’, y por tanto continúan mirando hacia el norte del Valle en busca de justificar que se trató de un crimen más de la mafia, como los de Pablo Escobar contra políticos de la talla de un Luis Carlos Galán, un Rodrigo Lara Bonilla o un Enrique Low Murtra. Esta tesis favorece de nuevo la desviación de la investigación e insiste en descartar la hipótesis de que los autores del crimen fueron militares golpistas.

La tesis que desarrollo en mi libro es que en lugar de mirar hacia el norte del Valle, podrían orientar sus pesquisas hacia Santander (del sur), en particular la V Brigada de Bucaramanga donde trabajaron juntos tres oficiales del Ejército a los que durante las fiscalías de Alfonso Valdivieso y Alfonso Gómez Méndez se les consideró firmes sospechosos de haber participado en el crimen: los generales Harold Bedoya y Ricardo Cifuentes, y el coronel Bernardo Ruiz Silva, este último absuelto en extraño fallo, pese a las abundantes pruebas que aportó la Fiscalía.

En alguna columna anterior mencioné que A Álvaro Gómez lo mataron los suyos, y no lo digo en plan de spoiler. Más bien, esperaría que a Barbosa pudiera servirle para ubicar la investigación en los términos que sugirió repetidamente el embajador de EE. UU. ante el gobierno de Ernesto Samper, Myles Frechette, de quien valga la pena contar que antes de morir me concedió en Washington una extensa entrevista que aparece al final del libro, en la que dice cosas como esta: “Esos militares de los que le hablo, buscaron a Álvaro Gómez y le hicieron la pregunta”.

Regresando a la directriz que recibió el fiscal Barbosa, convendría dilucidar “a quién le sirve” el nombramiento del santandereano Gabriel Ramón Jaimes Durán, fanático religioso y obsecuente servidor de su paisano el exprocurador Alejandro Ordóñez, cuya carrera se forjó bajo su sombra y quien desde la Procuraduría General tuvo injerencia directa en la recepción de la declaración de ‘Rasguño’ dentro del proceso, como contó Semana en revelador informe de febrero de 2010 donde habla de las personas que viajaron a una cárcel de Nueva York a recoger el testimonio, además del fiscal delegado ante la Corte: “el procurador delegado para asuntos penales, Gabriel Jaimes, uno de los hombres de confianza del procurador Alejandro Ordóñez; y el abogado de la parte civil, Enrique Gómez Martínez, sobrino de Álvaro Gómez”. (Ver Informe de Semana titulado ¡Está loco!).

Y trae esta perla: “sorprende (…) que en varios apartes sean estos dos últimos quienes le sugieren nombres e incluso le corrigen fechas y datos a ‘Rasguño’ cuando éste se equivoca o no se acuerda”.

Precisamente Jaimes Durán -de quien Noticias Uno aporta este perfil- acaba de ser nombrado jefe de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema, y la suspicacia se enciende cuando el mismo artículo de Semana advertía sobre algo que hoy obliga a emitir una nueva señal de alerta: “llama la atención que el procurador Ordóñez se haya mostrado tan interesado en este caso. Ordóñez es gran amigo del exsenador Pablo Victoria, quien supuestamente participó con Álvaro Gómez en una de las reuniones en las que se estaba fraguando el golpe de Estado contra Samper. La amistad llega a tal punto que Victoria regresó de España, donde había fijado su residencia, cuando nombraron a Ordóñez procurador, y éste nombró procuradora auxiliar a su esposa”.

Lo llamativo del nombramiento es que, al menos en lo relacionado con aquello que tanto le interesa a Duque que se resuelva, Gabriel Ramón Jaimes tendría que declararse impedido de actuar. Nadie que intervenga como funcionario en un proceso puede, después de cambiar de cargo, ni siquiera asomarse al conocimiento de un asunto en el que ha intervenido. ¿Qué pretenden entonces los que están detrás de las directrices que recibió el subpresidente Duque, las cuales este acató y transmitió obediente a su prohijado el fiscal Barbosa? Ojalá no sea desviar de nuevo la investigación, para perseguir a gente inocente y permitir que sigan en la impunidad los verdaderos ejecutores.

En el mismo contexto, no puede quedar por fuera lo que le respondió Daniel Coronell a Camila Zuluaga en entrevista de 2014 para W Radio, cuando esta le preguntó “¿a qué cree que ha obedecido la dilación en la entrega de resultados por parte de la Fiscalía?”. Y Coronell respondió: “El caso Álvaro Gómez ha sido objeto de múltiples demoras, unas atribuibles a falta de diligencia de la justicia, otras al propósito de desviar la investigación. Y otra, a que personas que son allegadas o miembros de la familia Gómez han querido desechar una parte de la investigación. Desde el primer momento que se cometió el delito, hay fuertes indicios de que miembros de la Fuerza Pública han estado involucrados en eso. Y resulta que esa versión parece no satisfacer a una rama de la familia, y entonces han querido buscar al culpable en otra parte”.

La mejor conclusión que uno puede sacar de todo esto es que los verdaderos autores del magnicidio de Gómez Hurtado han puesto al subpresidente Duque y a su fiscal Guillermo Barbosa a buscar el ahogado río arriba… porque ellos sí saben cómo fue la vuelta.

DE REMATE: En su discurso de posesión el fiscal Barbosa les pidió al procurador Fernando Carrillo y al contralor Carlos Felipe Córdoba que lo apoyen en su propuesta de impulsar la “inhabilidad temporal” para evitar que altos funcionarios puedan salir de sus cargos a hacer política. Hay quienes dicen que dicha iniciativa pretende frustrarle a Carrillo su interés de ser el candidato del Partido Liberal a la presidencia del 2022. Si así fuere, habría que decirle a la dirigencia de ese partido que están mirando para donde no es, pues el más indicado candidato del liberalismo vuelve a ser -ahora más que nunca- Humberto de la Calle Lombana.

En Twitter e Instagram: @Jorgomezpinilla

https://jorgegomezpinilla.blogspot.com/

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