Por: Jorge Iván Cuervo R.

El blindaje de la Corte al acuerdo

El fallo de la Corte Constitucional (Sentencia C-630/17), considerando ajustado a la Constitución Política el Acto Legislativo 02 de 2017, por medio del cual el Congreso de la República decidió hacer de obligatorio cumplimiento el acuerdo entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, dejó claro varios puntos que fueron objeto de controversia desde que fue suscrito, derrotado en las urnas, vuelto a negociar y refrendado por el Congreso en un acto político que no ha corregido ese déficit de legitimidad que aún hoy persiste.

Lo primero es que el acuerdo no se integra a la Constitución, no es fuente normativa ni tiene carácter constituyente. Los compromisos del Estado en las negociaciones deben ser desarrollados por la rama legislativa y tener visto bueno de la Corte Constitucional. Esto desvirtúa el argumento, según el cual, con el acuerdo el Gobierno de Santos le entregó el país a la guerrilla, un argumento tan absurdo que los opositores repiten como una cantinela a ver si algún día se vuelve verdad.

De igual forma, el fallo de la Corte aclara que el acuerdo no es un acuerdo especial de derecho internacional humanitario, un embeleco que quisieron impulsar con una interpretación laxa y equivocada de las normas humanitarias, un gol que querían meter a punta de voluntarismo jurídico. Dejó claro la Corte que por la paz no todo es posible, no es un derecho absoluto y la imaginación jurídica tiene límites.

La estabilidad jurídica del acuerdo la otorga el Acto Legislativo, es decir, el Congreso, no la Corte, y ello supone que se trata de un acuerdo de Estado que debe ser respetado en su esencia por los tres gobiernos siguientes, tiempo de vigencia de dicho Acto. Decir política de Estado a mi juicio es un error porque toda política por naturaleza descansa en unos consensos básicos que pueden cambiar cuando cambien las circunstancias. Decir acuerdo de Estado supone que este debe ser cumplido de buena fe y de cara a compromisos adquiridos con la comunidad internacional.

¿Que un nuevo gobierno puede convocar un referendo o una Constituyente para deshacer el acuerdo? Es improbable que una ley de esa naturaleza – la que convoca el referendo o la Constituyente – pasen el examen de la Corte Constitucional.

Ahora bien ¿Es inmodificable el acuerdo en puntos esenciales como la JEP, el acuerdo sobre drogas o el desarrollo rural? La Corte señaló que como el acuerdo en sí no es fuente normativa, su desarrollo constitucional o legislativo debe tener el acuerdo como marco de interpretación y el Estado deberá hacer su mejor esfuerzo para cumplir con lo pactado, preservando un margen de apreciación para elegir dichos medios e instrumentos de política.

Una consecuencia de esto aplica para el debate sobre la participación en política de las Farc mientras cumplen la pena alternativa impuesta por la JEP. Como bien lo señala el experto Santiago Vargas, el Estado, léase el Congreso, “debe abstenerse de imponer condiciones más onerosas que las fijadas en La Habana para el ejercicio de la actividad política de las Farc".

El debate entonces ya no debería ser si se pueden o no hacer trizas los acuerdos, sino sobre cuáles son los mecanismos para lograr la implementación de los compromisos pactados, teniendo de presente que “la paz es un objetivo de primer orden dentro del modelo de organización política adoptado por la Constitución”, y que sus beneficios en términos de convivencia y condiciones para el ejercicio de los derechos deberían ser el consenso mínimo que se necesita para desarrollo sin que se abandone el debate democrático.

@cuervoji

 

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