El calvario de los arrendadores

Cuando el domingo vi en el programa Séptimo Día a la señora María Buitrago, en llanto, contando que un tal Renzo Guyún habitaba en su vivienda desde hacía más de un año sin que le pagara un solo peso de arriendo, me dije: “No estoy sola”. Luego, cuando en el mismo programa de TV vi a la señora Sandra Suárez (quien, por supuesto, no es la misma gerente de una revista que de un día para otro se convirtió en una vergüenza) reclamando con desesperación que su inquilino, César Vívenes, un inmigrante obeso con pinta de tinterillo, llevaba ocho meses viviendo gratis en su apartamento, concluí que el calvario que padezco es el mismo de muchísimos colombianos.

Pues bien, mi caso se parece a los de doña María y doña Sandra, pero con algunas diferencias. Por una parte, sus arrendatarios, si bien no les pagaron, ya les liberaron sus viviendas; en cambio el mío, Luis Fernando Bermúdez Rivera —a quien, un año antes de que empezara la pandemia, le arrendé un apartamento que, con la idea de habitarlo un día, compré en Barranquilla, la tierra de mi madre—, vive en él desde hace dos años, ha pagado solamente un mes de arriendo y de administración, y ahí sigue fresco, cual lechuga. Pero, además, como si eso fuera poco, nuestra justicia santanderista ha actuado de una manera tan absurda que parece que se hubiera convertido en su cómplice. Después de que el pasado 4 de agosto el Juzgado 14 de Pequeñas Causas de Barranquilla profirió un auto en que dio por terminado el contrato de arriendo y ordenó que si Bermúdez no entregaba el inmueble voluntariamente se procediera a su lanzamiento, diez días después se echó para atrás y dejó sin efecto la sentencia. El argumento es que el inquilino había alegado que el contrato de arrendamiento de ese lindo apartamento —ubicado en un decimonoveno piso, con dos habitaciones, dos baños, sala-comedor y balcón con vista al río Magdalena, que él usufructúa gratis desde hace 22 meses— indica unos metros más de los que realmente tiene el inmueble, que por supuesto se arrendó como cuerpo cierto.

Aunque mi abogado hizo el alegato pertinente y en noviembre le solicitó al Juzgado que profiriera sentencia anticipada ordenando la restitución del inmueble, por cuanto la causal invocada era mora y el demandado no podía ser escuchado por el juez sin que el inquilino consignara los cánones adeudados, el juez no se ha pronunciado y Bermúdez continúa ahí, feliz, disfrutando de la vista al Magdalena, la piscina y demás comodidades del edificio, sin pagar un peso de arriendo ni de administración.

A propósito del tema que afecta a tantos arrendadores que padecen semejante calvario, la periodista de Séptimo Día entrevistó al ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Y su respuesta fue que los jueces estaban desbordados de trabajo y no daban abasto. Pero en el caso que me incumbe el juez, después de proferir la única sentencia posible, retrocedió y se echó más trabajo encima, con lo cual benefició a un inquilino sinvergüenza. ¿Por qué?

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Dijo un editorial de El Espectador que si la administración Duque dejara un poco “su resistencia a los procesos de paz y su animosidad hacia el presidente pasado, podría ver que Cuba es un aliado útil (…) y dejar de defender tesis extrañas sobre cómo operan los Estados”. ¿Pero qué puede esperarse de un presidente que tomó la pueril decisión de no mencionar por su nombre a su antecesor? ¿Creerá que así borra su existencia?

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