El campesino malo

Por estos días se ha armado un tremendo alboroto con el proyecto de ley que el Gobierno presentó para honrar lo firmado en La Habana y sacar a los pequeños campesinos cocaleros (con cultivos hasta de 3,8 hectáreas) de la cadena criminal. Se dice que pueden ser 250.000 personas. Aprovechando las inocultables chambonadas del equipo oficial, la red de ruido que responde a los intereses del candidato del coscorrón le anda sacando el mayor provecho posible a su prohibicionismo cerrero. Muy en particular el fiscal Martínez, quien desde luego no es neutral en materia de candidaturas presidenciales, se declara aterrado por este intento de beneficiar a los campesinos, para él los malos del paseo, y habla de un tratamiento penal “arrodillado” ante ellos.

Apliquemos una dosis mínima de sentido común a ver si entendemos las prioridades del asunto. Aunque las cifras exactas son difíciles de conseguir, nadie que yo sepa afirma que el perverso campesino colombiano obtenga tan siquiera el 5 % del precio final de un gramo de cocaína. Se habla del 3 % o por ahí. ¿Qué significa esto? Que el campesino no es el eslabón determinante en la cadena de valor, honor que recae en los siguientes intermediarios, todos los cuales ejercen actividades que figuran en el Código Penal. ¿Se aterra acaso el fiscal de que se lucren los narcos mexicanos, máximos gestores del negocio? No lo ha dicho. ¿Se aterra de que los lavadores de dólares resulten esenciales en la cadena? Tampoco lo ha dicho, al menos no con un énfasis parecido al que usa para referirse a los campesinos malos.

Martínez, y toda la institucionalidad represiva que aspira a perpetuar la inefable guerra contra las drogas en que Colombia ha puesto 200.000 muertos, tienen la clásica actitud del bully del curso. Son el azote de los débiles, por ejemplo de los campesinos cocaleros, pero tiemblan cuando hablan los grandes, dígase, los señores de la DEA. Yes, mister, if you say so.

La ley, señor fiscal y señoras y señores del coro, tiene que dejar de ser hipócrita. Si en los códigos dice que cultivar tres hectáreas de coca es un delito, pues a la cárcel con quienes lo cometen. ¿Que habría que multiplicar por tres los establecimientos carcelarios existentes? De malas. La alternativa es ofrecer una salida que evite la cárcel para la inmensa mayoría y solo la aplique a los recalcitrantes. Es sencillo, pero como esta gente está en campaña para generalizar la política del coscorrón, hace ruido y tuerce las cosas.

Yo animo a los lectores a mirar un poco más allá de la humareda del momento para preguntarse por el camino que se debe tomar. ¿Vamos a elegir gente por el estilo de Vargas Lleras y su posible sucesor, Néstor Humberto Martínez, quienes nos condenarán a diez o veinte años de vigencia de los mercados negros y, por ahí derecho, a la corrupción inevitable que estos traen, o buscaremos candidatos más sensatos que prosigan con la labor de encontrar alternativas a la guerra contra las drogas, iniciada con tremenda timidez por Juan Manuel Santos?

Muchos traficantes de todo tipo deberán terminar en la cárcel por lo que hicieron en estos cuarenta y tantos años de genuflexión inútil ante las políticas disparatadas de Estados Unidos. Lo esencial, sin embargo, es cambiar de política para evitar que siga entrando gente al narcotráfico. Así la frase no sea de Einstein, no deja de ser cierto que hacer lo mismo repetidamente y esperar resultados diferentes es una soberana estupidez.

andreshoyos@elmalpensante.com, @andrewholes