Por: María Elvira Bonilla

El cáncer de la contratación

BOGOTÁ TIENE LA APARIENCIA DE una ciudad bombardeada.

Por donde se transite se tropieza con desesperantes cintas amarillas que anuncian sin explicación alguna que está cerrado el paso por unas obras que supuestamente avanzan escondidas detrás de unos horrendos y detestables plásticos verdes. Andenes a medio hacer y huecos por tapar, calles en interminable y desordenada reparación, redes de acueducto, alcantarillado, de fibra óptica que no terminan de extender. Un enjambre de trabajos inconclusos que impiden la circulación. Cuadro kafkiano que además de desnudar el desorden institucional imperante, expresa crudamente la dinámica loca de la contratación pública.

Los contratistas mayores, que en Bogotá operan como un cartel incrustado en la administración de la ciudad, se ganan las licitaciones para de inmediato fraccionar su ejecución. Subcontratos que derivan en mala calidad e incumplimiento en los cronogramas a costa del ciudadano. El  IDU en el ámbito distrital, Invías en el nacional, pierden el control del detalle de la ejecución de la obra, que queda en manos de terceros y hasta cuartos contratistas. El resultado: una ciudad caotizada al servicio de unos contratistas fantasmas que son el reflejo de un problema de fondo: una contratación pública controlada por el clientelismo y la corrupción.

Corrupción desbordada que recae sobre una clase política desprestigiada que deslegitima las administraciones locales, regionales y nacional. Los vacíos normativos existentes, de los que nadie habla, permiten complicidades entre los funcionarios que contratan y los contratistas particulares. Se amparan todos formalmente en licitaciones públicas amañadas desde la formulación misma de unos pliegos de condiciones plagados de incisos para limitar la competencia transparente de proponentes. Condiciones escritas en letra menuda para direccionar la licitación a favor del contratista amigo o socio escogido de antemano. Pliegos elaborados por quienes luego serán proponentes en otra licitación. Una interminable cadena de favores y favoritismos —yo te ayudo, tu me ayudas— que ensucian la contratación y enriquecen indebidamente a los favorecidos con los dineros de todos los colombianos.

Se ha hablado de cuerpos especiales anticorrupción, de condenas agravadas a funcionarios públicos involucrados y a contratistas pícaros, pero los resultados siguen sin verse. Aparecen “chivos expiatorios”, castigos simbólicos, pero el cáncer se seguirá expandiendo incontenible mientras no se ataque la raíz con una solución: la simplificación y unificación de los pliegos para impedir la escogencia a dedo del contratista, arropado en la farsa y la parafernalia de concursos y licitaciones, finalmente amañadas.

La opinión pública empieza a sacudirse. Crece silenciosa la rabia ciudadana frente a una corrupción creciente, en medio de la ausencia de reglas claras, de falta de oportunidades para que sean el profesionalismo, la idoneidad y la experiencia las que se impongan. Una rabia que se expresó incipientemente en la ola verde, que espera acciones concretas y no declaraciones fariseas. Acciones más allá de las denuncias, que dificulten el camino, que hoy es una autopista normativa construida para favorecer a unos pocos escogidos cuya riqueza crece con voracidad.

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