El Caprichito

A mediados de 1940, López Pumarejo le escribió una carta a su hijo Alfonso pidiéndole que lo mantuviera muy informado sobre los pormenores del gobierno de Eduardo Santos. “Mi querido Alfonso”, le dice, “espero que cada día sea más clara para ti esa estrecha conexión que tienen los desarrollos políticos (en Colombia) con mis actividades en Nueva York”. La carta se refiere sobre todo a los asuntos relacionados con extensiones de tierras (potencialmente ricas en petróleo) en el Carare, que el expresidente intentaba vender a la Tropical Oil Company. “Nuestros derechos sobre las tierras del Carare son legítimos”, explica López, “podemos venderlos a esta o aquella compañía, por tal o cual suma, sujetándonos a las leyes vigentes sobre petróleos, las cuales rigen por igual para todos los ciudadanos, y no se modifican por la circunstancia de que uno haya sido presidente de la República o pueda volver a serlo”.

Durante sus dos períodos presidenciales (1934-1938 y 1942-1945), López Pumarejo acumuló cierto número de baldíos, incluyendo la hacienda Potosí, de 45.000 hectáreas, en lo que hoy conocemos como Puerto López. Especialmente la “colonización empresarial” que López impulsó en su segundo mandato, que benefició no solo a integrantes de su familia, sino también a distintas élites bogotanas. En estos años el Ministerio de Agricultura tituló varios predios baldíos a la familia López: entre estos, los de las fincas El Capricho, con 250 hectáreas, y El Caprichito, con 627 hectáreas.

Esta historia cobra relevancia frente a la investigación sobre propiedad de la tierra en la Orinoquia llevada a cabo por Yamile Salinas, Camilo González y Saskia van Drunen, de las organizaciones Indepaz, en Colombia, y SOMO, en los Países Bajos. Los investigadores encontraron que grandes extensiones de baldíos, titulados por el Ministerio de Agricultura a familiares del expresidente López Pumarejo en los años 50, están hoy sembrados con cultivos de caña del proyecto El Alcaraván de Bioenergy y Ecopetrol. Esto, en un contexto de intensa concentración histórica de la tierra caracterizada “por los conflictos agrarios del siglo XX entre indígenas, colonos y latifundistas y entre campesinos sin tierra y latifundistas, y el acaparamiento de tierras de empresarios de las esmeraldas, narcotraficantes y paramilitares en medio de masacres y desplazamientos”. En períodos recientes, explican Salinas y sus coautores, la Orinoquia ha estado dominada por inversionistas nacionales y extranjeros que desarrollan proyectos agroindustriales para la producción de alimentos y agrocombustibles, promovidos por la “confianza inversionista” de los gobiernos de Uribe Vélez.

En este orden de ideas, Bioenergy S. A., constituida en 2005 por Alcoholes de Colombia y distintos empresarios privados, ha sido la promotora de la producción de etanol en la Orinoquia. En 2006, Ecopetrol invirtió también como accionista “de la planta más grande (de etanol) en Colombia”. Para finales de 2018, el megaproyecto de etanol conocido como El Alcaraván concentraba “25.500 hectáreas”, muchas con origen de baldíos.

En el marco de los procesos de restitución de tierras, propósitos redistributivos han chocado con un modelo de acaparamiento de tierras que se justifica una y otra vez sobre una supuesta promesa de productividad y “reconquista” de la altillanura. Así, Indepaz y SOMO destacan cómo en la última década sobresalen los sucesivos intentos por “legalizar y amnistiar el acaparamiento productivo de tierras, algunas de ellas con antecedentes mafiosos”. Una de estas iniciativas es la adelantada por la senadora María Fernanda Cabal en referencia a los denominados segundos ocupantes, que busca beneficiar a quienes adquirieron tierras que fueron despojadas en medio del conflicto armado.