Por: Felipe Zuleta Lleras

El cardenal procura

QUIEN HAYA PASADO POR UNA FAcultad de leyes sabe que, entre otras, las fuentes del derecho son la Constitución, la ley, las costumbres y la jurisprudencia.

Sin embargo, el procurador Alejandro Ordóñez, obnubilado por sus creencias religiosas, se atrevió a sostener esta semana en la Universidad Javeriana que en este país “se estaba volviendo una costumbre peligrosa tomar a las sentencias de la Corte Constitucional como fuente del derecho”. Este disparate lo sostuvo para atacar alevemente la sentencia de la Constitucional que permite el aborto en tres casos específicos y que fue proferida hace cinco años. Los casos son taxativos: cuando peligra la vida de la madre, cuando el embarazo es producto de violación y cuando el feto viene con malformaciones congénitas.

A pesar de esta trascendental decisión de la Corte y el tiempo de proferida la sentencia, en Colombia se siguen muriendo al año miles de mujeres por abortos mal practicados. El tema del aborto es fundamentalmente un asunto de salud pública y así lo entendió la Corte Constitucional; no es, ni puede ser un tema moral ni de carácter religioso como lo ha enmarcado el procurador general, quien de manera sistemática ha disparado en contra de la Corte y, por contera, contra el derecho de millones de colombianas a ser dueñas de sus cuerpos.

Resulta prevaricador que quien dentro del Estado debe velar por el cumplimiento de las leyes y las sentencias, sea precisamente la misma persona que pretende subvertir el orden constitucional y legal, pasándose por la faja de su sotana cardenalicia las decisiones del máximo tribunal de lo constitucional.

La misma persona que suspende y destituye funcionarios dizque sustentado en la ley, no puede oponerse, en abierta conducta subversiva, a las decisiones de la Corte Constitucional. No, señor procurador, las sentencias y las leyes se cumplen y ya, sin que puedan predicarse creencias religiosas para abstraerse de aplicar el ordenamiento legal y la jurisprudencia.

En buena hora el expresidente Gaviria le recordó al procurador-cardenal que estamos en un Estado de derecho; Estado que está por encima de los predicadores y falsos profetas de su verdad divina vertida en forma de escritura sagrada en los pronunciamientos que deben hacerse en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. Sí, la ley colombiana y no las leyes de dios, pues éstas las acogen los creyentes pero no les pueden ser impuestas a quienes viven en un estado laico y no creen.

Las sentencias de la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento, como bien lo sostiene el presidente de esa institución, Juan Carlos Henao. Y eso quiere decir nada más ni nada menos que de no cumplirlas estamos ante la comisión de un delito. Aun cuando eso no parece importarle mucho al cardenal Ordóñez por aquello de que el que reza y peca, empata. Y para rezar sólo debe acudir al oratorio que montó en el edificio de la Procuraduría.

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