Por: Santiago Gamboa

El caso Arias

De los muchos ejemplos de disolución ética y moral de este país, el affaire Andrés Felipe Arias es tal vez el más vistoso. Los lectores de esta columna conocen la historia judicial hasta su misteriosa reclusión actual (¿está realmente donde nos dicen que está?). Saben que fue juzgado por la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Corte Suprema y la justicia de los Estados Unidos, y saben que todas lo condenaron o le negaron la libertad (EE. UU.). Aquí debo hacer un obligado paréntesis: en 20 años de columnista sólo una vez fui demandado por calumnia, precisamente por Arias. Fue en el 2010, cuando se anunció que sería embajador en Roma. Yo vivía en Italia y dije que mientras él estuviera en ese cargo me declaraba apátrida, me negaba a ser colombiano, con los mismos argumentos por los que después fue condenado. Al final Arias no fue embajador y la demanda no pasó a mayores precisamente por su detención, destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Luego vino la condena de la Corte Suprema, durísima, aunque cercana en tiempo a la sanción del procurador Ordóñez. Y después la fuga, con las afirmaciones más asombrosas de la década. El uribismo le dijo al mundo que Arias era un “perseguido político” y pidieron el asilo en EE. UU., sin obtenerlo. Uribe, siendo senador y por lo tanto miembro de la institucionalidad del Estado, no dudó un segundo en presentar a Colombia como una república bananera donde la justicia hace lo que ordene el presidente. Luego dijeron que Arias era “la primera víctima” del Acuerdo de Paz con las Farc, pretendiendo que la solicitud de extradición había sido una exigencia de la guerrilla. Todo esto, claro, sin la menor prueba. Sólo afirmaciones a la prensa. Posverdades. También acusaron a Santos de conspirar con EE.UU. (y Obama) para que no lo liberaran allá, y argumentaron que Colombia y EE. UU. no tenían tratado de extradición vigente. Cuando se destapó el escándalo del cartel de la toga dijeron que la sentencia de Arias había sido comprada. ¿Y por quién? Pues por Santos, quién más. ¿Pruebas? Ninguna, obviamente. La realidad del país, para el uribismo, es un juego de plastilina: se amolda a lo que necesitan decir. El mismo Arias asegura hoy, sin pruebas, que lo suyo fue una conspiración de los magistrados. Los sufrimientos y el dolor nos hacen egoístas. Todo lo que pasó aquí en la última década fue una expresión de crueldad hacia él y, por lo tanto, prueba fehaciente de su inocencia. ¿Por qué no la subida del dólar o la lesión de James en el Mundial? Poco le faltó.

Ahora que está en Colombia, con Gobierno uribista y un Congreso con mayoría de amigos, su caso será resuelto. Porque todo cambió: ya no somos una república bananera donde la justicia le hace caso al Gobierno, claro, y él ya no es un perseguido político. Cuando le convino estar aquí, resultó que sí había tratado de extradición con EE. UU. Qué oportuno. Y es que, como en el film El irlandés, Uribe protege a quienes no lo traicionan, a los que se van a la cárcel sin abrir la boca (como María del Pilar Hurtado). Por eso, si la operación de reciclaje y lavado de Arias sale bien, el jefe podría incluso premiar su lealtad lanzándolo como candidato para el 2022. Y de paso aguándole la fiesta al triste Carlos Holmes Trujillo.

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2019-12-14T00:00:37-05:00

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2019-12-14T00:30:01-05:00

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