El caso de Eddy Fonseca es trata de personas

La semana pasada nos enteramos de la denuncia de la celadora Eddy Fonseca, quien fue retenida contra su voluntad y durante un mes para realizar trabajos forzados en un edificio de Rosales en Bogotá. El 25 de marzo, cuando comenzaban las cuarentenas por el coronavirus, a Fonseca le pidieron llevar un colchón inflable o algo parecido al regreso de su turno al edificio, ella llevó un cubrelecho. Luego, en el edificio, el presidente del consejo de administración le dijo que debía quedarse a dormir en un espacio que acababa de ser fumigado por la presencia de ratas y con un baño sin agua (ella tuvo que asearse con un balde), y pagándole $15.000 al día para sus comidas. A pesar de sus pedidos reiterados, Fonseca no pudo volver a su casa a ver a su hija, ni siquiera cuando murió un sobrino. Por el encierro forzoso y la escasa comida para alimentos, Fonseca empezó a tener problemas de salud. Primero una residente del edificio le dio “suero y unas pastas”, y el 23 de abril, cuando la vieron muy mal, le dieron “un agua aromática”, pero la salud de Fonseca siguió empeorando rápidamente y finalmente llamaron a una ambulancia pues ella “estaba entrando en coma diabético, tenía azúcar alta, parálisis facial y problemas para respirar”. El presidente del consejo del edificio le dijo en la ambulancia que Fonseca “lo estaba metiendo en un problema”. Y la echó de su trabajo.

El abogado de Fonseca habla de lesiones personales, aunque por poco el caso resulta en un homicidio, y añade que los del edificio “estuvieron muy cerca del secuestro”. El superintendente de Vigilancia, Orlando Clavijo, ordenó una inspección al edificio y se está estudiando si habrá una investigación administrativa que podría llegar a sancionar a la junta administradora del edificio, entre otras cosas porque “el Decreto 356 que regula la vigilancia privada dice que estos servicios solo podrán ser prestados por empresas licenciadas”, pero ambas posturas se quedan cortas frente a la violación de derechos humanos que vivió Fonseca. Lo que pasó aquí fue trata de personas con fines de explotación laboral.

El Protocolo de Palermo, que es el estándar internacional para estos temas, define la trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”, y en Colombia se regula con la Ley 205 de 2005 mediante una definición muy parecida. Para definir el delito de trata debe haber tres elementos: hechos, medios e intención. Los hechos se basan en que Fonseca fue captada y retenida contra su voluntad (en varios chats de WhatsApp, Fonseca manifiesta su derecho de volver a su hogar y a ver a su hija); los medios fueron el engaño: fue amenazada con la pérdida de su trabajo y retenida con engaños y mentiras, pues le dijeron que por órdenes del Gobierno Nacional ella no podría salir de la casa; y la intención fue claramente la explotación laboral forzada, pues la obligaron a trabajar en condiciones inhumanas y sin garantizarle un mínimo de derechos.

La cultura de la explotación también es una cultura del eufemismo. Fonseca vivió amenazas, negación de tratamiento médico, exceso de horas de trabajo, abuso de poder a través de engaños y manipulación (es por esto que Fonseca no pudo “dar consentimiento” para quedarse atrapada un mes en el edificio), privación de su libertad y explotación laboral. Todas estas violaciones de derechos juntas tienen un nombre: trata de personas, y no podemos prevenirla ni atenderla hasta que la llamemos por su nombre.

@Catalinapordios

 

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