Por: Cecilia Orozco Tascón

El cinismo presente

Escalofriante. Solo en las dictaduras ocurre lo que está sucediendo en Colombia. En medio del escándalo público pero sin consecuencias inmediatas que habrían implicado cortar de raíz el mal, el fiscal general, que está involucrado en el mayor caso de corrupción continental que ha enfrentado Latinoamérica, no solo sigue en su cargo oficial aparentando que nada pasa; la entidad que preside, contaminada irremediablemente por las tachas éticas y, tal vez, legales que se le endilgan a él como persona, continúa en poder de todos los expedientes Odebrecht y —la tapa— adelanta las diligencias para establecer si Alejandro, hijo de Jorge Enrique Pizano, el testigo que dejó evidencias abrumadoras de su comportamiento deleznable, fue víctima o no de un asesinato. A la hora en que se escribe esta columna, no se ha iniciado el debate previsto en el Senado para ejercer crítica política sobre la conducta de Néstor Humberto Martínez. No conozco, por tanto, el desarrollo de la plenaria pero soy pesimista en cuanto a sus resultados pese a la fuerte decisión de los parlamentarios convocantes y a que, en privado, la mayoría de los congresistas expresan su asombro con la actitud laxa del fiscal frente a los delitos que Pizano le revelaba en las conversaciones que le grabó, y en que incurrió Odebrecht mientras era socio de Corficolombiana, la firma que Martínez asesoraba. Soy pesimista porque aunque piensen que Martínez Neira debe renunciar, los partidos tradicionales se unirán en torno a él, no tanto para defenderlo sino para defenderse a sí mismos de las salpicaduras que el fiscal podría irradiar contra el establecimiento que ellos sostienen.

En cualquier caso, lo que se escucha (oír grabación) en la audiencia de “control posterior”, que solicitó ante un juez la fiscal asignada al presunto homicidio de Alejandro Pizano, también escandaliza. Ella narra que un grupo considerable de agentes del CTI, investigadores y peritos, se presentaron a la casa de campo de la familia víctima, el sábado 17 de noviembre; recalca que inspeccionaron cada rincón con autorización de la viuda y sus hijas; relata que la diligencia se extendió hasta las 10 de la noche, momento en el cual pidió suspenderla mientras llegaban otros analistas; especifica que estos arribaron a la medianoche y trabajaron hasta las 2:30 de la madrugada del domingo 18 pero, en otra parte de su descripción, afirma que la familia, exhausta, pidió permiso para retirarse a las 5 de la mañana; hace la lista exhaustiva de los que calificó como “elementos materiales de prueba”. Entre estos, menciona medicamentos, frascos, pastilleros, caja con 16 discos compactos o DVD, tres teléfonos celulares, cinco computadores portátiles, un disco duro, un iPad, 11 folios aparte de la historia clínica de Jorge Enrique Pizano y un tarro de cianuro de un kilo, entre otros.

También cuenta que le recibió declaración juramentada a siete parientes o personas cercanas a la familia Pizano, presentes en esas horas. Insiste en que “no se violó el derecho a la intimidad” de la viuda e hijas a pesar de que también admite que tomaron fotografías y que entrevistaron a los vecinos del lugar, los días previos. A este aterrador panorama, difícil de soportar psicológicamente, aun por quien no hubiera pasado por la angustiosa experiencia de perder, en cuestión de horas, al esposo e hijo o al padre y hermano, la fiscal del caso añadió, con una tranquilidad pasmosa, que no pidió antes el control de legalidad de ese acto intimidante en el término previsto en la ley (36 horas) sino que lo hizo solo cinco días después de concluida su fatigante presencia en la casa Pizano — viernes 23 de noviembre— con la disculpa de que ¡los agentes no le entregaron a ella los informes respectivos sino 24 horas antes! Esa semana misteriosa en que la Fiscalía tuvo en su poder, y sin legalizar este acto, todos los archivos digitales y físicos del ingeniero Pizano, sí ,señor, el principal testigo de la venalidad de Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal general de la Nación, hunde todavía más la credibilidad y la autoridad de ese organismo. ¿Cómo sabemos si el material en su poder fue manipulado o si se ocultaron evidencias? El juez invalidó las pruebas. Y la fiscal del caso así como sus superiores, aducen que no se trataba de un allanamiento sino de “una inspección”. Disculpa que ofende la inteligencia ajena y el objeto de la diligencia que solicitaron. Entre tanto, el doctor Martínez Neira y hasta su hijo Humberto, en artículo que le publicó Semana, piden “respeto a la intimidad” de las Pizano. Cínico.

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2018-11-28T05:40:00-05:00

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