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Cedo en esta oportunidad la columna a los dirigentes comunales que el 7 de septiembre dirigieron una comunicación al presidente de la República y otras autoridades públicas volviendo a plantear las condiciones de extrema vulnerabilidad en que están muchos de sus líderes y lideresas de base y la patética cortedad del Estado en las acciones para contener el flagelo.
Un analista insomne de esta grave problemática es Guillermo Cardona Moreno quien, desde el Observatorio Comunal, aporta al movimiento valiosa información sistematizada que está en el origen de textos como el que se ofrece hoy a los lectores de esta columna.
“No más impunidad, no más indiferencia ante la continuada masacre contra los dirigentes comunales de Colombia. Sigue la masacre contra los líderes comunales. Son seis dirigentes comunales asesinados durante lo que va del mes de septiembre del año 2019, nueve durante los últimos 30 días, 88 durante lo corrido del presente gobierno, amén de otros dirigentes sociales e indígenas y de un número superior de amenazas, desplazamientos y desapariciones contra comunales y dirigentes sociales… Se anexa listado de asesinatos contra comunales durante los últimos dos años.
“Señores funcionarios del Estado colombiano: no queremos más respuesta de formato de que los asesinatos tal vez eran por problemas personales o de linderos o líos de faldas o relacionados con el narcotráfico, o que las autoridades están adelantando exhaustivas investigaciones y están tras las pistas de los responsables, o que se están tomando las medidas necesarias, y aunque tememos que su respuesta sea simplemente un acuso recibo por parte de uno de sus subalternos de más bajo nivel, no tenemos otra opción que seguir requiriendo su responsabilidad esencial como Estado de ser garantes de la vida y seguridad de todos los colombianos y en este caso de quienes somos satanizados, desplazados, perseguidos y/o asesinados por ejercer nuestros derechos.
“Queremos respuestas concretas a nuestras reiteradas reclamaciones desde los congresos comunales, desde la Mesa Nacional de Interlocución con el Estado de la Confederación Nacional Comunal y desde el Observatorio Nacional Comunal en Derechos Humanos en por lo menos:
“Impunidad. Es problema grave pues por los datos más recientes de la Fiscalía General de la Nación, que es la institución que debe dar la información oficial, la impunidad frente a los autores materiales sigue superior al 85% y es del 100% frente a los responsables de homicidios, amenazas, desplazamientos y otras afectaciones. Quisiéramos saber si los más de un millón de euros recién entregados por la Comunidad Europea a la Fiscalía General de la Nación para las investigaciones por afectaciones contra comunales y sociales en efecto tienen este destino.
“Estigmatización. Quisiéramos saber si algo se ha hecho contra funcionarios que regularmente estigmatizan a los comunales, como por ejemplo Rodrigo Lara el 20 de octubre de 2017, quien dijo que las juntas comunales eran redes de apoyo de las disidencias de las Farc; o si existen directrices desde el alto Gobierno contra los altos funcionarios que regularmente estigmatizan a líderes comunales y sociales, como por ejemplo el mindefensa cuando dice que son problemas de narcotráfico; o si existen políticas contra los gobernantes territoriales y políticos que regularmente segregan, estigmatizan y persiguen a comunales cuando no se someten a sus intereses; si existen políticas y programas persistentes contra la intolerancia de los poderosos hacia la dirigencia comunal y social.
“Quisiéramos saber si por lo menos han considerado nuestra reiterada propuesta de un espacio diario de cinco minutos en la TV nacional para visibilizar nuestras propuestas y naturaleza. Si se está haciendo algo contra los falsos positivos judiciales a que nos tienen sometidos las grandes empresas minero-energéticas en los territorios que el Estado nacional les concesiona, cuando no nos sometemos a sus designios contra la naturaleza.
“Sobre los gobiernos locales. Quisiéramos saber si han hecho algo para que los gobernantes locales cumplan con las leyes que mandan políticas de difusión de derechos humanos y de defensa y garantías para los ciudadanos y dirigentes que los tratan de ejercer.
“Fortalecimiento de nuestras organizaciones. Si han considerado apoyar las políticas y agendas propias de nuestras organizaciones para que se fortalezcan en el conocimiento y ejercicio de sus derechos en los territorios como manda el art. 103 de la Constitución, o si simplemente las siguen considerando instrumentos de uso para las políticas y programas del Estado y de los partidos. Es que en la medida en que logremos el ejercicio colectivo de derechos de nuestras organizaciones, avanzaremos sustancialmente contra las afectaciones cuando los dignatarios los ejercen individualmente.
“En el mismo sentido el Gobierno debe avanzar en la aprobación de la ley de fortalecimiento de las organizaciones sociales elaborado concertadamente por la sociedad civil y acordar un protocolo que garantice la protesta social en los términos planteados por los sectores sociales.
“Personeros. Quisiéramos saber si por lo menos han considerado nuestra propuesta de que los personeros municipales sean de origen ciudadano a partir de nuestras organizaciones y no de los partidos y sus corporaciones mal llamadas públicas.
“Fuerza Pública. Quisiéramos saber si han considerado establecer una variable de calificación de los mandos de la Fuerza Pública en las regiones por la evolución de los derechos humanos en su área de control y por la profundización en su conocimiento y ejercicio ciudadano.
“Cultivos ilícitos. Teniendo en cuenta que un alto porcentaje de las afectaciones contra comunales y campesinos es por su compromiso con la sustitución de cultivos de uso ilícito, si han considerado fortalecer la estrategia de sustitución concertada con nuestros campesinos y comunales en sus territorios con suficientes y oportunos recursos, o siguen persistiendo en la fumigación venenosa no obstante que durante la pasada semana el Estado alemán, país en que se producen estos químicos, prohibió tajantemente su uso y que las Naciones Unidas certifican que del porcentaje de cultivos fumigados con glifosato, al año se reactiva entre el 40% y 50%, mientras que con la sustitución concertada se reactiva el 0,6%.
“Solamente abordando estos y otros temas de fondo que determinan un ambiente favorable a la violación de los derechos contra nuestros comunales y campesinos se podrá avanzar con soluciones sostenidas, de lo contrario es seguir simulando acciones para quedar bien ante los Estados Unidos y la comunidad internacional mientras que en la realidad la situación se sigue agravando”.
Firman la comunicación dirigentes municipales, departamentales, nacionales y de ciudades capitales. La comunicación va en copia para la Organización de Naciones Unidas, la Misión de Apoyo para la Paz (MAPP-OEA), la Delegación de la Comunidad Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los medios de comunicación.
El insistente clamor comunal no puede seguir siendo desoído, tampoco el de los demás sectores sociales. Cada día es más claro que el poder soberano de la ciudadanía, expresado en comunidades organizadas y movilizadas, tiene que salir al paso de un Gobierno que no cumple o que abusa del poder. Está bien quejarse y exigir, pero mejor es actuar para que el poder delegado haga lo que el poder soberano quiere y necesita.