Por: Salomón Kalmanovitz

El clóset del procurador

Para Alejandro Ordóñez, los intelectuales y profesores somos una especie izquierdista que se oculta en sus funciones, pero debemos salir a la luz del día para representar a las Farc, ahora que el proceso de paz legalizaría a la insurgencia.

En una clara muestra de malicia enfermiza, el procurador asocia la intelectualidad con los homosexuales, pues la expresión “salir del clóset” se aplica a aquellos valientes que han asumido su condición, enfrentando la homofobia tan arraigada en la cultura nacional, en la Iglesia católica y en sus adalides medievales. Las personas que vienen desarrollando las ciencias sociales, que han apropiado la modernidad en la cultura y en las artes y que combinan distintas orientaciones políticas deben salir a mostrar su verdadero talante subversivo.

La torcida lógica del procurador se puede reducir al absurdo: ¿Les irá a nombrar a las Farc sus representantes y les dará credenciales a sus políticos? Una vez elegidos, ¿procederá a destituirlos como hizo con Piedad Córdoba, Alonso Salazar y amenaza a Gustavo Petro y a Sergio Fajardo? ¿Será capaz de negar la participación en política de los rebeldes dispuestos a dejar las armas?

El problema de la exclusión política tiene una larga tradición en el país: fue la causa de las guerras civiles que desató la Regeneración archiconservadora a finales del siglo XIX y la que precipitó el laureanismo entre 1946 y 1956, una de cuyas secuelas fue precisamente el surgimiento de las Farc.

El hombre que destituye izquierdistas y políticos decentes no hace nada contra los elegidos por la parapolítica ni contra los corruptos que se apropian de nuestros recursos públicos, incluyendo a muchos de sus colegas en la Rama Judicial y a políticos conservadores. No he conocido de investigaciones de la Procuraduría contra el gobernador de La Guajira, acusado de graves crímenes, ni contra el hijo de La Gata, Enilse López, cuya elección al Senado fue financiada con dineros mal habidos.

El problema de fondo que tiene Colombia es que nunca pudo debilitar la gran propiedad agraria ni cuestionar los derechos a gobernar de una pocas familias que imponen sus intereses sobre la Colombia profunda de mestizos, indígenas y afrodescendientes. Por el contrario, la lucha armada de las Farc y del Eln, conjugada con el narcotráfico, legitimó y financió el paramilitarismo, que reconcentró todavía más la tenencia de la tierra. Se amplió también la corrupción que alimenta el clientelismo político y que les sirve de base a las pocas familias que heredan poder generación tras generación.

Yo no entiendo qué hace el director del ministerio público entorpeciendo un delicado proceso de negociación política entre el Gobierno y un grupo insurgente que, de ser exitoso, nos entregaría un bien que no conocemos desde los años cuarenta del siglo pasado. Tampoco entiendo la doble moral del Gobierno, que denuncia la “infiltración por las Farc” del movimiento campesino del Catatumbo, cuando desde hace al menos 30 años los colonos cocaleros han sido su base social por excelencia. Si se va a encauzar el conflicto armado y social de manera pacífica hacia el futuro, es bueno comenzar a negociar y ofrecer concesiones verdaderas, políticas y económicas, para cada actor social; sobre todo, dejar de apoyarse en la represión policial para aplastar sus reivindicaciones.

Y volviendo a la propuesta indecente del procurador: no creo que las Farc estén muy interesadas en que las representemos.

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