Por: Juan Carlos Gómez

El código de Eróstrato

El próximo 1º de agosto entrará a regir el Acuerdo 2 de 2011 de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) que reglamenta la "radiodifusión de contenidos" en el servicio de televisión.

La misma CNTV había postergado en varias oportunidades la aplicación de ese Acuerdo. Anhelábamos que el tema se quedara así y que la entidad no incurriera en el despropósito de crear semejante herramienta de censura. Mucho más ahora que la CNTV es un ser agonizante sin legitimidad política y el gobierno nacional está diseñando el proyecto del nuevo ordenamiento legal de la televisión. Lamentablemente, tal vez, pudo más el afán de emular a Eróstrato, que buscando notoriedad, incendió el templo de Ártemis en Éfeso.

Dentro de las muchas disposiciones que, gracias a ese Acuerdo, pondrán a Colombia en el grupo de países oscurantistas en materia de protección a la libertad de información, está la que le impone a los concesionarios de televisión la obligación de elaborar un código de autorregulación. El incumplimiento de esa obligación generará sanciones que ni siquiera están previamente definidas. Censura y castigo.

Según el Acuerdo, el código debe contener “el respeto por el televidente”, el “tratamiento” que se le dará a la información y a la opinión y a la “separación entre opinión, información y publicidad”. Paternalismo y dirigismo estatal.

El código infame no es ni siquiera novedoso. Hace cerca de 20 años se intentó algo parecido que naufragó en medio de la protesta de los periodistas y los medios de comunicación. De ninguna manera puede admitirse que el Estado a través de cualquier forma pretenda imponer parámetros acerca de cuál debe ser el “tratamiento” de los contenidos.

La última edición de la revista The Economist trae un reporte especial sobre la industria de noticias a nivel mundial. Los reguladores de la televisión deberían leerlo para entender que en la era de internet -saturada de información-, los televidentes esperan que los noticieros, más que apegarse al mito de la objetividad, tengan posturas claras y transparentes. Frente al riesgo de la “foxificación” de las noticias, los ciudadanos libres podemos discernir sin necesidad del amparo de ningún regulador, mucho menos de uno en agonía.

 

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