Por: María Elvira Bonilla

El cohecho en el corazón de la política

EL COHECHO COMO PRÁCTICA PARA lograr las mayorías en el Congreso es tan viejo como la política misma.

Sólo que en Colombia, como con todo el quehacer político, se ha degradado de tal manera que ahora es la práctica habitual y descarada de ministros, funcionarios de la Casa de Nariño y congresistas. El clientelismo y la manzanilla, con la más reciente novedad de la mermelada, son los medios cotidianos empleados con cinismo y desvergüenza para sacar adelante leyes, sin discusiones ni debates, por la vía exprés a través de nombramientos y contratos. Igual o peor es lo que sucede en los concejos municipales y las asambleas departamentales, donde alcaldes y gobernadores distribuyen cargos y contratos para asegurar por la vía fácil la aprobación de acuerdos y ordenanzas. Triste decirlo, pero es a punta de cohecho como funciona la democracia colombiana.

Ese mecanismo corruptor, convertido en varita mágica para lograr mayorías legislativas, se pulió en el gobierno de César Gaviria cuando el Palacio de Nariño lo tecnificó para “aceitar” con precisión y equilibrio. Nació entonces “el computador de Palacio”, manejado o dirigido y controlado desde la Secretaría General de la Presidencia. En el gobierno Santos se perfeccionó aún más hasta crearle un cargo específico: la Consejería Presidencial para Asuntos Políticos, que inauguró Germán Chica (el del escándalo con JJ Rendón), sucedido por el actual ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, luego por Faihan Alfayez, quien una vez conseguida la reelección de Santos fue nombrado embajador en los Emiratos Árabes, y ahora Luis Miguel Pico, alfil de Zulema Jattin y quien actúa supervisado por el secretario general Néstor Humberto Martínez. Se trata de un verdadero fortín político, o mejor, un centro de corrupción desde donde se define la burocracia de las entidades del orden nacional controlada por los congresistas de la Unidad Nacional.

En ese orden de ideas, los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, y el secretario general Ignacio Guzmán no hicieron nada distinto que acudir al procedimiento usual para asegurar la aprobación del “articulito” en la Constitución que viabilizaba la reelección presidencial que buscaba Álvaro Uribe.

Si la justicia fuera seria y no estuviera igualmente atrapada en esta perversa dinámica de dádivas y nombramientos que condicionan muchas decisiones judiciales, tendría la posibilidad y el deber de investigar por el delito de cohecho a más de un congresista y a más de un funcionario de la propia Casa de Nariño, identificando la evidente correlación que existe entre los nombramientos nacidos del favor político y el comportamiento del congresista favorecido en la votación legislativa. ¡Cohecho seguro!

La condena de los colaboradores del expresidente Uribe por la Corte Suprema de Justicia debería ser un precedente y una advertencia para legisladores y altos funcionarios. De lograrse un cambio en esta práctica delincuencial, los agentes del Estado en las regiones no serían producto de la politiquería y el clientelismo, con lo cual se evitarían tragedias como la muerte por desnutrición de 5,000 niños wayuus en La Guajira, víctimas de la desidia o corrupción continuada de funcionarios del ICBF que les responden a las mafias políticas locales que los hacen nombrar y no al compromiso misional de defender la vida de los niños. El país, seguro, sería distinto.

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