Por: Andrés Hoyos

El concejal Acuña

EL VIERNES PASADO LA JUNTA DE médicos por fin decidió salvar a la Constitución de 1991, y aunque la chica todavía luce maltrecha y magullada, uno ya la puede ver paseándose por los parques y avenidas del país.

El presidente Uribe se cuenta entre los beneficiarios de la jornada, pues sacando de la ecuación a los furibistas y a los apocalípticos del lado opuesto, que consideran a Uribe un émulo de Hitler (o, en un desatino apenas más sutil, de Robert Mugabe), cabe poca duda de que Uribe II fue peor que Uribe I y que Uribe III hubiera sido no sólo peor que Uribe II sino, ahí sí, potencialmente catastrófico. La lástima es que nuestro ceñudo mandatario sea un desagradecido.

Ahora que las campañas políticas arrancaron en estampida, no sería mala idea que la ciudadanía se serenara un poco, porque he oído a los apocalípticos mencionados arriba decir que Juan Manuel Santos resultaría peor que el descartado Uribe III. Santos no es mi candidato, pero si al final gana la Presidencia será porque la ciudadanía así lo decide democráticamente y no habrá ninguna razón para convocar en ese momento a un nuevo tribunal de Nuremberg.

José Armando Acuña, el concejal de Garzón, me parece un buen símbolo para la encrucijada incierta en la que estamos. Acuña fue secuestrado por las Farc el año pasado en plena discusión del posible “intercambio humanitario” y no parece imposible que el año entrante Piedad Córdoba y sus Colombianos y Colombianas por la Paz decidan incluirlo en la lista de canjeables. Por si acaso, Mariela Narváez Lizcano, otra concejal del Huila, ya no podrá hacer parte de ninguna lista porque habría que sacarla de la tumba a la que la envió una bala asesina de las Farc el año pasado. La hipocresía que reina en esta materia es total y nada distinto de desterrar a los políticos del tema de la devolución de los secuestrados arregla el problema. Porque extraer el más mínimo provecho político o electoral de algo tan espantoso como un secuestro resulta inmoral, como lo es aceptar la noción de que las Farc tienen “derecho” de fusilar a los secuestrados si hay un intento de rescate. Doña Piedad, enredada hasta la coronilla, sugirió que se aplazara la devolución del cabo Moncayo, o sea que se prolongara su secuestro, para que nadie dijera que las Farc la benefician electoralmente. Es muy tarde para eso, senadora, como también es tarde para sugerir, como lo hizo Salomón Kalmanóvitz, que las Farc se conviertan en un partido político. Cualquiera que haya dado o seguido una orden bárbara como la de asesinar secuestrados a sangre fría no puede hacer parte de un Congreso digno en ningún lugar del mundo.

El tema de la seguridad sigue, pues, vivo y los candidatos presidenciales tienen la necesidad y la obligación de definirse al respecto. Ya en ello, convendría que se pronunciaran sobre cómo van a sacar del marasmo a las dos ramas de la actividad productiva más útiles a la hora de mejorar la seguridad, semiparalizadas ambas por la incompetencia del actual gobierno: el sector agrario y la construcción de infraestructura. Entra aquí en escena la responsabilidad del periodismo, pues a los candidatos se les debe preguntar duro por estas materias, sin dejarlos escurrirse por la tangente.

Para hacer claridad, yo pienso votar por las listas del Partido Verde al Congreso. No tengo aún candidato presidencial. Necesito oírlos. Podrían empezar por decirnos qué piensan de las mafias del transporte.

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