Por: Columnista invitado

El concejal de Chía, ¿es Colombia?

Sin importar cuánto nos indignamos como sociedad frente al comportamiento del hoy exconcejal de Chía, que el pasado fin de semana evadió un control policial y terminó refugiándose de forma irregular en una escuela militar, pareciera que para los medios en el exterior los colombianos representamos más o menos lo mismo.

Eso por lo menos se infiere de un titular en BBC Mundo que, refiriéndose al escándalo, abrió una nota diciendo: “El concejal de Chía, ‘un antihéroe 100% colombiano’”.

El titular de la BBC me hizo recordar el informe decenal de cultura ciudadana que publicó Corpovisionarios hace dos semanas en la capital del país, una extensa radiografía que recoge los comportamientos, hábitos y creencias de los habitantes de Bogotá en los últimos 10 años.

Mi molestia con la BBC pasó a vergüenza cuando conecté los resultados del informe con el escandaloso incidente, el comportamiento de Carlos Enrique Martínez y hasta sus declaraciones en los medios de comunicación. Este parecía coincidir con algunos resultados relacionados con las justificaciones para desobedecer la ley y para usar la violencia, las cuales, vale decir, no reflejan una clase política corrupta que abusa de su poder sin vergüenza alguna, sino al conjunto de la sociedad capitalina representada por sexo, nivel socioeconómico y edad. Dichos indicadores, además, no varían mucho entre ciudades de otras regiones del país.

Si bien el informe da cuenta de un amplio repertorio de justificaciones a la hora de desobedecer la ley, cito aquí un grupo que Antanas Mockus ha calificado como las justificaciones “prosaicas”: actualmente en Bogotá, dos de cada diez ciudadanos justifican esta desobediencia cuando se trata de alcanzar los propios objetivos; la justificación por percepción de impunidad repuntó de manera importante —cuando se cree que es bastante seguro que no habrá castigo—, pasando de 9% en 2003 a 16% en 2013; hay también ciudadanos que justifican desacatar la ley porque otros lo han hecho y les ha ido bien, indicador que llega al 10% y que se duplicó con respecto a 2003, y finalmente está la penosa justificación “porque es la costumbre”, la cual aumentó de 7% a 11% en los últimos diez años.

Cuando el concejal de Chía les dijo a los medios de comunicación —con esa testarudez tan impresionante— que si la policía lo volvía a requerir en un procedimiento que a él no le generara confianza, no dudaría en actuar igual, lo que queda claro es que en su invertida escala de valores su beneficio personal está muy por encima de las leyes y las autoridades. Y fue tan caradura que repitió: “Yo no hice nada malo”.

Más allá de lo cantinflesco de la situación, hay otro dato en el informe que puede ser revelador en este contexto: el 20,1% de los ciudadanos afirma que si desobedecen la ley, pero, atención aquí, su conciencia les dice que actuaron bien, nunca o casi nunca aceptarían ser castigados. De nuevo, otro 1’600.000 habitantes exhibiendo una disposición rebelde ante la ley. Tal parece que no sólo los objetivos personales, la impunidad y la costumbre nos dan permiso para hacernos los locos con las normas, sino que además nuestra conciencia también. Lo contradictorio en este escenario es que nueve de cada diez ciudadanos afirma, al mismo tiempo, que las palabras “norma” y “regla” les despiertan un sentimiento positivo o muy positivo, pero dos de cada diez personas consideran también que lo que ordena la ley no coincide ni con la costumbre ni con la conciencia, es decir, la identificación con la norma es nula. Parece una inferencia sensata pensar que una cosa es lo que decimos que creemos sobre las leyes y las normas, y otra distinta es cómo nos comportamos frente a ellas. Por lo tanto, generar un acuerdo de nación sobre el respeto a la ley, sin distinciones ni privilegios entre ciudadanos, es una necesidad apremiante.

* Periodista y politóloga, integrante de Corpovisionarios, centro de pensamiento sobre comportamiento y cultura.

 

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