Por: María Elvira Bonilla

El conejo o las trampas del poder

El juicio contra alias Karina, una de las mujeres más sanguinarias de la guerrilla de las Farc, el cual empieza el próximo 3 de diciembre, terminará en una condena de 40 años.

Tendrá que responder por cerca de 2.500 víctimas del frente 47 del bloque José María Córdoba. Fue un monstruo de crueldad en los municipios de Samaná, Pensilvania, Salamina y Manzanares en Caldas y en Juradó, Riosucio y Carmen de Bajirá en el Chocó. Los testimonios de las víctimas son desgarradores por la manera como imponía el poder de las armas. Sin embargo, el gobierno de Álvaro Uribe la convirtió en trofeo de guerra, símbolo de la política de desmovilización. La voz de ese monstruo humano llamado Karina y su imagen impresa en volantes recorrió las zonas con presencia de las Farc invitando a los guerrilleros a seguir su ejemplo. La premiaron nombrándola dizque gestora de paz.

Karina se desmovilizó engañada. Le pusieron como señuelo a un joven guerrillero de quien estaba enamorada, alias Michín, y a una hija que la inteligencia militar ubicó en un barrio de Medellín. Le prometieron vida compartida con Michín y tranquilidad familiar. Le construyeron, con recursos del Estado, un apartamento con todo el confort posible en el batallón de Carepa, donde ha convivido con militares que ella humilló y de donde saldrá para la cárcel a pagar la pena máxima de 40 años. Sí, a la cárcel, el único sitio donde merece haber estado desde siempre. Pero a donde ha debido llegar capturada y no engañada.

A la luz de los hechos, claramente, el Gobierno le puso conejo. Le prometieron lo que le podrían cumplir sólo de manera efímera, hasta que la justicia llegara. Porque en Colombia el poder Ejecutivo, por más autoritario que intente ser, no puede cabalgar sobre los demás poderes y menos sobre el judicial.

Igual ocurrió con los comandantes paramilitares que se desmovilizaron, dentro del proceso de paz que lideró el alto comisionado Luis Carlos Restrepo, también en el gobierno Uribe. Entregaron las armas ellos y sus frentes y se tramitó una ley expedita para facilitar el proceso, la Ley de Justicia y Paz para juzgarlos. Pero en la madrugada del 14 de mayo de 2008 catorce de ellos, incluyendo a Mancuso, Don Berna, Jorge 40, Gordo Lindo y el Tuso Sierra, fueron enviados a los Estados Unidos para ser procesados por narcotráfico...

La decisión de la extradición, como lo demuestra un documento “desclasificado” de la Embajada estadounidense, la había pactado el entonces presidente Uribe cuatro meses antes, el 21 de septiembre de 2007, con el embajador William Brownfield, en presencia del comisionado de Paz y la vicecanciller Adriana Mejía. Una medida con la cual se abortó la posibilidad de conocer muchas verdades indispensables para los colombianos, las alianzas criminales con el poder, la realidad de las víctimas, la dinámica de esta dolorosa guerra. Por más cárcel que se merecieran los jefes paramilitares, el Gobierno fue tramposo, no respetó las reglas pactadas para su desmovilización. Les puso conejo.

Este comportamiento no se puede repetir con los acuerdos a los que se lleguen en La Habana y de allí la desconfianza que ronda la mesa. Y de allí la necesidad de contar con mecanismos de refrendación que involucren a la sociedad en su conjunto. Para evitar precisamente que se repitan las trampas del poder.

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