Por: Fernando Galindo G.

El Consejo de Estado y los recursos de la salud

Al anular el acuerdo urdido por el actual superintendente nacional de Salud para desconocer la resolución 296 de 2010, expedida por su antecesor Mario Mejía, contra Saludcoop, por haber utilizado $657.850 millones, obtenidos de los recursos de la UPC, “para inversiones en cosas distintas al sector salud”, el Consejo de Estado fortalece la doctrina de que los aportes parafiscales colectados mensualmente y pagados por los ciudadanos son dineros públicos.

Este concepto lo ha defendido la contralora Sandra Morelli desde el inicio de su gestión. En carta dirigida en marzo de 2011 al superintendente Conrado Gómez, además de interponerle Función de Advertencia, le notificó que la resolución 296 estaba ajustada a derecho y, por ende, revestida de legalidad. Agregó que “en consecuencia, las resoluciones y su motivación en ningún caso pueden constituirse en materia transigible ni conciliable”. En el mismo sentido se había pronunciado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en mayo del año pasado.

La discusión sobre la naturaleza pública de los aportes parafiscales no tendría lugar si el fiscal general de la Nación no hubiera sido apoderado de Saludcoop para este particular litigio. Cuando el nombre del abogado Montealegre apareció ternado por el presidente para ese cargo, la Federación Médica Colombiana envió, el 20 de marzo de 2012, una carta a la honorable Corte Suprema de Justicia, en la que se lee: “Sería impropio que resultara elegido al dignísimo cargo de fiscal general de la Nación una persona que, como anterior magistrado de la honorable Corte Constitucional, votó sentencias definiendo la naturaleza parafiscal y la destinación específica de los recursos de la salud y de la seguridad social y luego, actuando como abogado apoderado de Saludcoop defendiera, a contravía de sus actuaciones en la alta magistratura, los intereses de una firma investigada por todos los organismos de vigilancia y control del Estado…”.

Así el fiscal Montealegre haya anunciado desde su nombramiento que se declararía “impedido” para actuar en investigaciones que tengan que ver con su antiguo cliente Saludcoop, el fiscal general encargado, Jorge F. Perdomo, informó que en los archivos de la entidad reposan 400 procesos penales relacionados con la corrupción, irregularidades y malversación de fondos en la salud.

La contralora Morelli se ha quejado de “la lentitud de la Fiscalía en el caso de Saludcoop”, e hizo saber que cuando los agentes de su entidad entran en contacto con los de la Fiscalía, éstos atraviesan controversias sobre “la idoneidad de las pruebas o la naturaleza jurídica de las mismas”, lo que dilata la apertura de los procesos.

Sostuvo que la Contraloría es el ente denunciante y le corresponde entregar “indicios” sobre los hallazgos en las instituciones de la salud y reclamó que si la Fiscalía considera que no hay causal de delito, lo debe definir cuanto antes. La sociedad aguarda expectante el pronunciamiento del señor fiscal general de la Nación.

 

 

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