El control preventivo que ahorrará billones de pesos al Estado

Hace dos años la Contraloría General de la República encontró que la corrupción equivale a 50 billones de pesos al año. Cada año se revela que la situación es más grave y que el Estado nunca recupera este dinero por un sistema de control fiscal deficiente. Actualmente se tramita en el Congreso un proyecto presentado por el contralor, Carlos Felipe Córdoba, que más allá del humo que han generado propuestas anticorrupción inanes, contempla una idea moderna de control preventivo para que el control fiscal se presente antes del daño y con ello se ahorren miles de millones de pesos al Estado Colombiano.

Antes de la Constitución de 1991 la Contraloría General de la República realizaba un control previo a cualquier ordenación del gasto público, lo cual fue muy criticado esencialmente porque volvía a los contralores coadministradores y por ello se decía que paraba las obras públicas y comprometía su imparcialidad. Por esta razón, el artículo 267 de la Constitución eliminó el control previo y lo volvió posterior. Sin embargo, el cambio introducido no solo no mejoró la situación, sino que transformó la actuación de la Contraloría en un complejo e inacabable proceso de responsabilidad fiscal para poder recuperar recursos públicos.

El sistema de control fiscal posterior colombiano tiene numerosos problemas, pues al contrario de lo que sucede en Europa, los procesos de responsabilidad fiscal no tienen una naturaleza netamente patrimonial, sino que se volvieron sancionatorios y por ello tienen numerosos recursos, nulidades y acciones a través de la cual incluso, en eventos en los cuales está plenamente demostrada la responsabilidad del funcionario, se terminan cayendo por una nulidad. Al ser decisiones administrativas, además, las sanciones fiscales pueden ser demandadas ante la Jurisdicción Contenciosa y el Estado tiene que esperar décadas para el recobro.

El resultado de esta situación ha sido que, según la Auditoría General, de cada 1.000 pesos en procesos de responsabilidad fiscal solo se recuperan 40 (el 0,4 %). A nivel territorial la situación es aún más grave, pues las Contralorías departamentales sólo recuperaron 0,6% de dineros apropiados por corruptos. Adicionalmente, el 83% de los recursos que tienen fallo de responsabilidad fiscal no son recuperados. Para evitar estos problemas, el contralor presentó un proyecto que avanza en el Congreso de la República para crear un moderno sistema de control preventivo, cuyas características son totalmente distintas a las del control previo: 1. No se aplica en todos los casos, sino de manera selectiva en casos graves; 2. No se aplica como forma de cogestión, sino de auditoría ante la existencia de un riesgo inminente; 3. Se aplica a través de procedimientos autónomos y no como parte del procedimiento administrativo de las entidades públicas.

El sistema no implica en ningún momento revivir las antiguas prácticas de cogestión existentes antes de la Constitución de 1991, sino que por el contrario se funda en las tendencias modernas del control social en Europa y Estados Unidos que buscan establecer sistemas de buen gobierno y compliance en la gestión pública para hacerla más eficiente y transparente. Además, el proyecto contempla múltiples estrategias para fortalecer la labor de la Contraloría General de la República y aumentar la fiscalización de las funciones cumplidas por las Contralorías territoriales, lo cual permitirá mejorar su eficiencia y transparencia, porque en Colombia debemos comprender de una vez por todas que es mejor prevenir que lamentar.