Por: Ramiro Bejarano Guzmán

El correazo

Que un juez ecuatoriano haya decretado la detención de Juan Manuel Santos, por su supuesta responsabilidad en la muerte de un ciudadano de ese país, muerto en el ataque del 1° de marzo de 2008, donde también cayó el jefe de las Farc, Raúl Reyes, no me alegra, por el contrario, me indigna.

Es bien probable que si Juan Manuel hubiese estado en la oposición y la orden de captura se hubiere proferido contra un ex ministro que no fuese de sus querencias, él algo se habría inventado para aplaudir la decisión, o al menos para no disentir abiertamente de ella. Como el asunto no es personal sino ideológico y jurídico, considero que se trata de una medida equivocada, atroz y de impredecibles consecuencias.

La decisión del juez ecuatoriano deja en evidencia dos cosas preocupantes. La primera, que a semejanza de un estudiante en práctica de consultorio jurídico, ese juez anda adivinando cómo adecuar una acción política al tipo penal del homicidio, lo cual es un disparate; la segunda, que nuestras Cancillerías resultaron inferiores al deber de encontrar soluciones a una diferencia que se ha ido agravando cada día más, porque hoy es un lío judicial, avalado por el Fiscal que maneja como un títere el presidente Correa.

Si los Cancilleres hubiesen conversado desde que se presentó el ataque colombiano al campamento de Reyes, hace mucho rato que este asunto estaba solucionado. Pero no, ambos sucumbieron a la intransigencia y soberbia que destilan sus jefes, y se olvidaron de sus oficios.

Mucho me temo que ahora que se conoce la orden de detención contra Santos, el Gobierno parece no haber entendido que no puede seguir obrando en caliente, como lo está haciendo. La sola circunstancia de que apenas llegado el presidente Uribe de Panamá hubiese convocado un Consejo de Seguridad pero en un aeropuerto militar, indica que los ánimos en la casa de gobierno no están serenos y que por donde van, pueden estrellarse.

Lo que debe emprender Colombia es una intensa ofensiva diplomática y jurídica, para que en la sede de la Interpol en Lyon no se acoja la orden de captura contra Santos, ahora que los ecuatorianos multiplicaron la agresión pidiendo que se expida circular roja.

El simple relato de los hechos, inclusive en la versión ecuatoriana, tiene que decirles a los responsables de la Interpol en Francia, que la decisión del juez de Sucumbíos es errada, porque judicializa un problema que enfrenta a dos naciones limítrofes. Una disputa entre dos pueblos, no puede ser desatada por uno de los jueces de los países involucrados. Por lo demás, en la Interpol tienen que entender que quien dio la orden de adelantar esa operación ejecutó una decisión de gobierno, no la orden deliberada de cometer un crimen.

Lo que hay que procurar es que este enredo no siga creciendo, porque como vamos, ese juez ecuatoriano, en su universo parroquial de considerar que murió un compatriota suyo en su propio terruño, se va a sentir asistido de razones aparentemente legales para ordenar la captura de otros importantes funcionarios colombianos. Por ejemplo, al general Padilla de León, o al propio presidente Uribe, quienes también intervinieron en la decisión que no tomó solo Santos.

Fácil es suponer que si a ese juez ecuatoriano le da por capturar a todo el Gobierno colombiano, lo que se vendrá será la guerra. Ante ese sombrío panorama, sólo queda el recurso de la diplomacia y el derecho. Lo demás hay que dejárselo a las payasadas de Correa.

Adenda.- Tiene razón el ex presidente Gaviria, con su queja sobre la politización de la efemérides de la ‘Operación Jaque’. ¡Qué abuso!

notasdebuhardilla@hotmail.com

 

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