Por: Andreas Forer

El cumplimiento de las penas da pena en Colombia

Uno de los principales y más entrañables logros de los revolucionarios franceses del siglo XVIII fue elevar a principio universal la "igualdad ante la ley".

Según uno de los sentidos de esta máxima, todos los ciudadanos tenemos la obligación de respetar la ley y estamos sometidos, en igualdad de condiciones, a las consecuencias que generen incumplirla. Por ejemplo, al cometer un delito, la igualdad implica que a todos se nos debe respetar el derecho a un proceso justo y, al mismo tiempo, al cumplir la pena impuesta, no debe haber privilegios o inequidad. Eso es una garantía para que el Estado de Derecho funcione. 

Sin embargo, en Colombia han aparecido casos que demuestran la existencia de una nueva manifestación del mundialmente combatido fenómeno de la desigualdad. Esta vez, me referiré a esta modalidad, recientemente denunciada, que resulta tan llamativa como indignante: la inequidad en las condiciones de cumplimiento de las penas.

El Estado colombiano, como todo Estado de Derecho, tiene el poder de penalizar a quien haya cometido un delito, en tanto que es él quien define lo que es injusto. Reduciendo lo anterior  a una simple fórmula, podríamos recurrir al ejemplo de “no matar”, pues si se incurre en esa conducta, que los abogados llamarían homicidio se puede ser penalizado. En Colombia, por este delito es posible obtener una pena de hasta de 40 años.

Pero, ¿por qué penalizar? el Estado tiene dos motivos principales para hacerlo. El primero, para mostrar a la sociedad que delinquir no vale la pena (prevenir estas conductas a futuro), porque ese tipo de comportamiento es castigado por la ley. De esta manera el Estado demuestra presencia y sanciona los delitos cometidos en el marco de un procedimiento propio del Estado de Derecho, que se caracteriza por ser justo y  por considerar los intereses de las víctimas. De esta manera, se fortalece la confianza de los ciudadanos en el Estado y se ve el cumplimiento de sus deberes en esta materia.

El segundo, para impedir que el autor del crimen vuelva a cometer cualquier tipo de conducta criminal en el futuro. Con este fin, el contraventor, dependiendo del delito cometido es encarcelado, y posteriormente ingresa en programas de reintegración para prepararle a una vida en libertad.

En este sentido, algunos hechos ocurridos en los últimos meses han emitido señales erróneas a la sociedad y a quienes son criminales en potencia.

Por ejemplo, un político, condenado por sus enlaces con la ‘parapolítica’, es trasladado a su lugar de origen, en donde recibe el beneficio de detención domiciliaria y poco tiempo después está completamente libre.

De otra parte, otro político, un diputado,  también condenado por estar involucrado en la denominada ‘parapolítica’, recibe por parte del INPEC una reducción de su pena tan grande que genera dudas en la Corte Suprema de Justicia,  a lo que el INPEC  respondió argumentando que el beneficio fue otorgado como consecuencia del  tiempo que ha empleado  el recluso estudiando y trabajando durante su arresto. El problema fue en diciembre, cuando el diputado estudiaba y trabajaba tanto, que no tuvo tiempo ni siquiera para festejar la navidad. Aún durante una visita al médico estudiaba y trabajaba. Aparentemente, hizo uso de modernas herramientas de aprendizaje y trabajo como los podcast descargados de Internet, ¡pero claro!, con los audífonos puestos se pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. En mi opinión lo mejor sería que se haga uso de los audífonos también durante la noche, para registrar más horas de trabajo y estudio.

De otro lado, según una noticia publicada recientemente, numerosos militares condenados por graves violaciones de los Derechos Humanos – delitos que incluyen los tan sonados falsos positivos – cumplen su condena en cárceles de lujo y siguen recibiendo sus salarios. Cosa que es muy difícil de entender pero que es muy probable, considerando que  hace unos meses se divulgó el caso de un Coronel que fue condenado principalmente por desaparición forzada y que dictaba clases de Derecho Internacional Humanitario a soldados jóvenes.

¿Cuáles son las señales que emitieron los ejemplos aquí citados? Las más erróneas por supuesto, dado que el propósito fundamental de penalizar en atención al principio de igualdad, se viola al otorgar beneficios inmerecidos a personas que han sido condenadas en un proceso bajo las reglas del Estado de Derecho.

De esta manera,  se muestra a la sociedad que delinquir paga, pues al final no pasará nada grave. Por otra parte, se está mostrando que algunas personas, en particular militares y políticos, son “más iguales” que otras. En una obra modelo de George Orwell sobre igualdad, “Rebelión en la granja”, son los cerdos los que son “más iguales” que los demás animales.

Así mismo, se le está mostrando al potencial delincuente que a pesar de cometer delitos puede mantener privilegios, ya que a él le van a tratar “más igual” que a otros,  de suerte que vale la pena delinquir. Razón por la cual, en el futuro, cuando tenga la oportunidad de volver a actuar en contra de la ley, lo hará. En conclusión, los principales propósitos de la penalización están siendo contrariados en  la práctica de una manera inaceptable. Los ejemplos mencionados arriba deben ser no más que casos aislados para que no se pierda la confianza del ciudadano en el Estado de Derecho en Colombia. 

En twitter: @andreasforer

 

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