Por: José Manuel Restrepo

El debate sobre la tierra

Leyendo y releyendo las declaraciones públicas, asuntos destacados, reclamos y preocupaciones sobre el proyecto de ley de ordenamiento social de la propiedad de la tierra, concluye uno cómo sin duda alguna un buen régimen de propiedad y uso de la tierra puede ser un camino que favorezca el desarrollo territorial, la iniciativa empresarial, el emprendimiento en agroindustria competitivo, la adecuada formalización del campo y de su forma de empleo, y puede convertirse en un valioso instrumento para lograr una verdadera paz sostenible y de largo aliento en todo el territorio nacional.

Dicho eso, y por lo que se ha venido discutiendo, da la sensación de que el debate sobre el proyecto de ley ha sido superficial, medio a la carrera, descoordinado entre distintas instituciones del Estado y sin el suficiente cuidado de que podemos estar tocando las fibras centrales de nuestro modelo económico, en el que la iniciativa y la propiedad privada deben estimularse antes que descuidarse o ponerse en riesgo. Siete, por ejemplo, son las preocupaciones válidas de la Corporación Excelencia por la Justicia y el Instituto de Ciencia Política, que expresaran en un comunicado público reciente. De dicha expresión pública, me inquieta del proyecto de ley su desconocimiento a la diversidad productiva de la ruralidad, como si el campo fuese exclusivamente para el desarrollo agrícola y no cupieran otros propósitos, como el turismo (entre otros). También deja el proyecto inicialmente planteado la sensación del desaprovechamiento o el desconocimiento del enorme potencial de las zonas de interés de desarrollo rural económico y social, Zidres, para no hablar de otras inquietudes legales de fondo.

Entre otras cosas, este debate pone de presente los problemas que ya son demasiado evidentes en la implementación del proceso de paz, no sólo en la operación y puesta en marcha de las zonas veredales sino también en la propia agenda legislativa. A manera de ejemplo, se cumplió el 1º de mayo ya el día D-150, que era el plazo inicial para la entrega y el almacenamiento de la totalidad de las armas, según los acuerdos firmados, y francamente, el avance es muy pobre, con el eventual riesgo de que llegue el día D-180 y tampoco avancemos en lo acordado (como lo han expresado ONU y Farc). El cumplimiento de lo acordado es fundamental para enviar un mensaje a la sociedad del valor de la construcción de paz, y eso pasa por un debate adecuado sobre la agenda legislativa y ejercer eficazmente la gerencia en la implementación de algo tan esencial en la historia del país.

Pero, volviendo a profundizar en el tema del proyecto de ley sobre tierras, éste parece un debate incompleto. En una esquina, algunos se quedan en la lógica demagógica de tener tierra para repartir (como repartir subsidios) y otros, en una esquina distinta, descalifican la propuesta con argumentos más políticos que técnicos, sin que ninguno de los dos actores profundice en el verdadero valor de la tierra.

La verdad es que el acceso a la tierra sin el complemento de otros factores productivos, como la revolución digital, la logística de acceso a puertos y vías, el contar con talento humano de alto nivel, el fácil acceso al capital o el crédito, al conocimiento de frontera o avances en la formalización en el campo, puede ser bastante inútil y a largo plazo generar más frustraciones e insatisfacciones que réditos. La distribución de la tierra sin un debate sobre la provisión de bienes públicos en el campo colombiano es un debate soso.

El nuevo borrador del proyecto de ley que se conoció el domingo pasado empieza a dar respuesta positiva a las críticas que se formularon al anteriormente conocido. Sin embargo, sería recomendable volver sobre propuestas que enfaticen en la productividad del campo, y eso no es sólo un problema simple de construir un fondo y repartir tierra o de UAF. Acierta en ello el exsuperintendente de Notariado y Registro cuando propone debatir lo que sí es central: ver la tierra en relación a otros factores productivos y a una adecuada institucionalidad, considerando temas como formalización, titulación y productividad, sin afectar la propiedad privada.

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