"Yo imito, no ridiculizo a los personajes": Hugo Patiño

hace 2 horas
Por: María Elvira Samper

El delirio de persecución del uribismo

La entrega y deportación de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, pieza clave de uno de los escándalos de corrupción más grandes del “uribato”, reavivó las sindicaciones de persecución política que hacen los uribistas cada vez que alguno de los suyos es vinculado o llamado a rendir cuentas.

El mismo recurso para desestimar la gravedad de los delitos cometidos en ejercicio del gobierno, cuando, borrachos de poder, creyeron tener patente de corso para combinar todas las formas de lucha para destruir al enemigo.

Nadie puede llamarse a engaño sobre la grave crisis del DAS en el gobierno Uribe. Primero fue el escándalo de la administración del “buen muchacho” Jorge Noguera y el subdirector José Miguel Narváez —asesor de las Auc—, que sirvieron a intereses de paramilitares y narcotraficantes, y además crearon una unidad especial para chuzar, seguir y hasta amenazar a periodistas, ONG, sindicalistas y opositores políticos. Noguera fue condenado a 25 años de cárcel por el asesinato del profesor Correa de Andreis y concierto para delinquir, entre otros delitos.

Luego fue el escándalo de las chuzadas, que estalló cuando Hurtado estaba al mando. Bajo su batuta, las prácticas ilegales se intensificaron hasta el punto de que, en desarrollo del llamado “Plan Escalera”, fue infiltrada la Corte Suprema para obtener información reservada sobre los procesos de la “parapolítica” que comprometían a numerosos congresistas aliados de Uribe —incluido su primo—, y para hacer seguimientos a magistrados. Un escándalo de tal magnitud que derivó en la liquidación del DAS.

Cabe recordar que fue la Fiscalía de Mario Iguarán la que abrió las investigaciones sobre las chuzadas, que heredaron los fiscales Mendoza Diago, Viviane Morales y Eduardo Montealegre, y que fue Morales la fiscal que acusó a Hurtado y al exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno por graves delitos comunes, no políticos: concierto para delinquir agravado, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones. Que más de 50 exfuncionarios del DAS fueron investigados y/o acusados, y que de los ya condenados, cinco incriminan a Hurtado, entre ellos los exjefes de Inteligencia, Contrainteligencia y Operaciones. Que la Corte Suprema que decide su suerte no es la misma a la que Uribe enfrentó y acusó de sesgo ideológico y, último detalle, que el procurador Ordóñez la destituyó e inhabilitó por 18 años para ocupar cargos públicos . Pero los uribistas no acusan al procurador de perseguirlos.

Las chuzadas fueron ilegales, pues no medió autorización de un juez como ordena la ley. La Fiscalía tiene un arsenal de material probatorio: documentos con órdenes e incluso anotaciones como “entregar al Presidente” o “informar al Presidente”; correos electrónicos y transcripciones de chuzadas; reportes detallados sobre magistrados, políticos y periodistas —incluida información confidencial sobre bienes y cuentas bancarias—, además de testimonios y evidencia de destrucción de documentos y sustracción de discos duros de computador y memorias para no dejar rastro. El argumento de la persecución política no tiene asidero.

Persecución fue la que, por medio del DAS, montó la Casa de Nariño para desprestigiar y amedrentar a quienes consideraba enemigos (“terroristas vestidos de civil”, “aliados de la guerrilla”) y el DAS clasificaba como “blancos políticos”. Una operación criminal que no fue obra de funcionarios descarriados o de mafias enquistadas en el organismo, de la cual hizo parte María del Pilar Hurtado y el presidente Uribe fue el principal beneficiario. Ella lo sabe y le debe la verdad al país.

Buscar columnista