El delito político

"Una cosa es matar para enrIquecerse y otra es matar para que la gente viva mejor". Esa frase, pronunciada esta semana por Carlos Gaviria, presidente del Polo Democrático, dejó planteada la necesidad de adelantar cuanto antes un debate nacional sobre la vigencia o no de la figura del delito político.

El delincuente político era aquel que tenía una concepción diferente del Estado y del gobierno del mismo, pero que por razones materiales derivadas de un régimen antidemocrático no lograba, a través de las vías del derecho, los cambios ambicionados, obligándose a hacer uso de las vías de hecho. Establecida la diferencia entre éste, supuestamente motivado por fines altruistas, y el delincuente común que es un simple antisocial, viene entonces la discusión sobre la realidad de las guerrillas colombianas.

Las Farc asesinan y secuestran. Estos delitos no son considerados como políticos. Asimismo, trafican con drogas ilícitas, conducta por la que ha sido condenada y pedida en extradición buena parte de la cúpula de esa banda terrorista. Iguales crímenes comete el Eln. Es imposible entonces circunscribir a esos grupos dentro de un marco político. Acá lo que se dilucida es un proceder puramente criminal. Organizaciones que surgieron con algún fundamento ideológico, con el transcurrir del tiempo han hecho la transición hasta un punto en el que es fácil concluir que Tirofijo en nada se diferencia de Pablo Escobar. Son igual de mafiosos, igual de asesinos e igual de salvajes.

Hay cabida para el delincuente político en aquellos regímenes cerrados y retardatarios donde uno o más sectores del espectro ideológico son excluidos por vías legales, policivas y hasta militares. En Colombia, los resultados recientes de la izquierda son una impresionante muestra de madurez democrática. A punta de discursos, de propuestas y de gestión, el Polo ha alcanzado posiciones hasta hace poco insospechadas.

No obstante, hay quienes insisten en mantener vigente la romántica y caduca figura del delito político, como si en Colombia no existieran garantías para todos. Siguen demandando benevolencia con los que matan, bajo el argumento falso de estar buscando el poder, cuando para aquellos el castigo debe ser severo por cuanto el grado de conciencia sobre sus acciones es mucho más alto que el de un vulgar asesino. Asimismo, Carlos Gaviria invalida el dolor de las víctimas de la guerrilla cuando tiene el atrevimiento de propugnar la idea de la conexidad del homicidio con el delito político. Esa tesis, entre otras cosas, les cae de perlas a las Farc.

Esta es una discusión compleja, llena de enfoques encontrados, colmada de argumentaciones jurídicas y, sobre todo, fundamentada en miles de antecedentes históricos. Por tal razón el Gobierno, los partidos políticos, la academia, los intelectuales y los periodistas están en un buen momento para dar un debate profundo sobre este asunto, del cual depende en buena medida el manejo que el país tendrá que darles a quienes aún están en armas.

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En ningún momento oí al presidente Uribe invitando a votar por tal o cual persona. Su obligación era la de motivar a sus conciudadanos a elegir libremente a quienes quisieran, sin dejar de evaluar las calidades éticas de los candidatos. Lo mínimo que debía hacer era advertir sobre la inconveniencia de sufragar por personas respaldadas por el terrorismo y, por supuesto, dispuestas a comprar votos, así fueran sólo cincuenta.

Me resbalan y me hacen reír las amenazas y los insultos que recibí con ocasión de la columna del fin de semana pasado. Por eso sigo queriendo saber por qué Samuel Moreno votó a favor de la extradición sin retroactividad. Y, de paso, que el alcalde electo le cuente al país si conoce, es amigo o ha recibido dinero del ciudadano Carlos Alejandro Zambrano Stacey.

ernestoyamhure@hotmail.com